Y los socios de Gobierno del PSOE, es decir los parlamentarios de IU, estallaron. "Basta ya", espetó ayer Alba Doblas, la diputada de la federación de izquierdas durante la sesión de la tarde de la comisión de los ERE, una de las más tensas vividas hasta ahora en la sala del Parlamento donde son interrogados, sin éxito alguno, los ex altos cargos de la Junta que tuvieron que ver con la concesión de las ayudas a parados afectados por expedientes de regulación y a empresas en crisis. Tan tensa que el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, al oír a Doblas, aseguró que él no había decidido concurrir al final de este tercer día de silencios, que la veía "algo alterada" y que la Constitución le amparaba en su derecho a no declarar mientras estuviera inmerso, como está, en un proceso penal. Barberá, como ya hicieron el martes un ex parlamentario socialista y un ex jefe de servicio del departamento de Empleo, no sólo se negó a contestar, sino que puso en duda que su presencia durante la lectura de las preguntas fuera legal porque ello también puede causarle daño. "Ruego que conste en acta mi desacuerdo por las preguntas que se puedan hacer a mi persona", dijo el que fuera segundo en la Consejería durante el mandato de Antonio Fernández, el ex responsable en libertad bajo fianza que hoy intervendrá en la misma sala.

Los silencios que han mantenido hasta ahora los nueve comparecientes que han pasado durante esta semana por esta comisión han ido provocando un profundo malestar en IU; algunas fuentes de esta formación así lo habían explicado a este medio, pero ayer el grupo parlamentario lo hizo público y de una manera muy explícita por boca de Alba Doblas.

De "tomadura de pelo" y de "actitud cobarde" calificó la parlamentaria la estrategia de defensa empleada por los comparecientes que están imputados o encarcelados por la juez Alaya, la magistrada que instruye el caso judicial, que han esgrimido, precisamente, para argumentar su mutismo, que cualquier declaración de ellos en la sede parlamentaria les puede dañar en el proceso paralelo.

Es más, Alba Doblas, profundamente enfadada, en especial ante el ex viceconsejero de Empleo, llegó a asegurar que había una actuación concertada entre todos ellos: de todos los cargos socialistas que han ido pasando por la comisión. Ante la protesta de Barberá al presidente de la comisión, Ignacio García, de IU, la parlamentaria matizó algo la acusación, pero la realizó en forma de pregunta: "Por favor, dígame sólo si ha habido algún acuerdo con los anteriores comparecientes". Desde IU, Doblas elevó su "basta ya", y apeló a que el Parlamento, y por tanto la comisión, representa la voluntad popular de todos los andaluces, por lo que estos anteriores cargos públicos deberían responder, al menos, a algunas de las preguntas formuladas, y es que uno tras otro, todos los comparecientes dejan claro desde el principio que contestarán a ninguna de las cuestiones.

Durante el día de ayer, comparecieron ante la comisión los dos directores generales de Empleo que sustituyeron a Francisco Javier Guerrero, y también ambos optaron por el silencio. Tanto Juan Márquez, que fue director a partir desde 2008, como Daniel Rivera, que sucedió a éste hasta junio de 2012, ya con el mandato del consejero Manuel Recio, mantuvieron, desde un principio, que no contestarían a las respuestas de IU y del PP.

El PSOE sigue presentando sus preguntas por escrito. A Juan Márquez, Doblas le afeó que, con su actitud, estaba haciendo un gran daño a la institución que él representaba, esto es, a la Junta de Andalucía, pero la intervención que terminó por colmar el vaso de la paciencia de IU fue la del último director general de Empleo, Daniel Rivero, ya que esta formación entiende que, aunque imputado, podía haber explicado algo, toda vez que fue durante su mandato y el de su consejero, Manuel Recio, cuando la Consejería comenzó a modificar el sistema de ayudas a los ERE y a enviar documentos al juzgado que dirige Mercedes Alaya.

Fuentes de IU explicaron a este medio que les había parecido indignante que Daniel Rivera, que es el único ex alto cargo cuya defensa paga la Junta, mantuviera este silencio. "Es esperpéntico que una persona que ha reconocido que no tiene responsabilidades penales ante la juez, aunque pudiera tenerlas políticas, no las explique aquí", señaló Doblas ya por la tarde. Rivera dijo que si alguna responsabilidad política había tenido era la de haber mantenido a algunos subordinados; es decir, que señaló hacia abajo. El último director de Trabajo de la Junta -la función está integrada ahora en la Consejería de Economía- mantuvo que fue él quien colaboró con la Policía Judicial, y que el juzgado de Alaya no encontró a ninguno de los intrusos. Según él, los nombres y apellidos los obtuvo de la información que su Consejería remitió a Alaya.

El PP se sumó a la teoría de las actuaciones concertadas apuntada por IU, lo que motivó una protesta dura de la portavoz socialista, Antonia Moro. El caso es que los socialistas habían solicitado en las reuniones preparatorias de estos turnos de intervenciones que no se le formulasen preguntas a aquellos testigos que optasen por no contestar bajo el argumento de que estaban imputados. IU y PP se opusieron a ello, y por esto, las nueve personas que han pasado por la sala del antiguo Hospital de las Cinco Llagas han tenido que oír las cuestiones presentadas.

Sólo el PSOE ha preferido presentar las preguntas por escrito, excepto en el caso del ex director Francisco Javier Guerrero, que le realizó tres: una de ellas, si había ocupado este cargo entre 2001 y 2008.

Para los comparecientes, las sesiones están convirtiéndose en un trámite, incómodo, pero pasable, cercano a la balsa de aceite. Menos de una hora estuvo en la sala el sucesor de Guerrero en la Dirección General de Trabajo, Juan Márquez, también imputado. No hubo respuestas de su relación con Guerrero o con el consejero Antonio Fernández, de la inclusión de intrusos o de la falta de procedimiento en la concesión de ayudas mientras que fue alto cargo durante dos años.

Márquez estrenó el tercer día de interrogatorios y repitió el guión. Como todos, defendió su inocencia en la exposición inicial: "Jamás, en dos años en la Dirección General de Trabajo, he cometido o he tenido conocimiento de alguna ilegalidad. No he cobrado un solo euro más allá de mi sueldo ni conocimiento de lucro de alguien".

El ex responsable en la tramitación de los ERE protestó cuando a preguntas del PP consideró "improcedente" y que lesionaba su derecho al honor "decir que yo estoy tapando un fraude". El PP preguntó a Márquez si ordenó a su colaboradora María José Rofa que "reconstruyera o construyera informes a posteriori de los datos administrativos". Márquez se despidió como todos los imputados hasta ahora: las respuestas se encuentran en sede judicial.