Se trata de una carta técnica, pero lo cierto, es que 72 horas después de estallar la bronca con el Gobierno central por poner en cuestión la solvencia económica de Andalucía, la Junta ha demandado por escrito que los 1.379 millones por los anticipos a cuenta de 2011 que el Estado tiene pendientes con la Administración autonómica "no tengan un efecto negativo en la necesidad de financiación de la comunidad". La petición se encuadra en la reunión mantenida la semana pasada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en la que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ofreció a las comunidades algunas medidas de liquidez, como adelantar la liquidación de la financiación autonómica o ampliar a diez año el plazo para devolver los 6.110 millones por la financiación de 2008 y 2009.

La autora de la misiva es la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, que recuerda a Montoro que "sin perjuicio de una mejor cuantificación", la Junta cifra en 1.379 millones el importe de los anticipos devengados en 2011 por un cálculo erróneo de los ingresos de la financiación autonómica y pendientes de pago por parte del Estado. También señala que dichas obligaciones no han sido ingresadas en la Junta y que, por tanto, "deberían ser objeto de un tratamiento que no suponga un perjuicio en la rendición del estado de situación de la comunidad autónoma".

Fuentes de la Consejería desvincularon esta petición de la trifulca de estos últimos días y de una estrategia por la proximidad de la cita el electoral del próximo 25-M. Sin ir más lejos, esta reclamación ya se formuló al anterior Ejecutivo que presidía Rodríguez Zapatero. Por tanto, el Gobierno andaluz parece querer cumplir aquella máxima que se marcó poco después del 20-N: no iba a pedir nada a Rajoy, que no hubiera pedido ya a su antecesor. De hecho, el pasado 3 de junio, la Junta presentó un recurso por esta cantidad en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y, cuatro días después, el Ministerio de Economía y Hacienda le denegó estos anticipos. Una respuesta que motivó un segundo escrito de ampliación de recurso a la Audiencia Nacional.

Para despejar cualquier atisbo de confrontación, la Junta recuerda que esta misma demanda, aunque por otras cantidades, también fue formulada por otras comunidades, algunas gobernadas por el PP, como Madrid y Galicia, que también recurrieron a la vía contencioso-administrativa por no conceder los anticipos de 2011. Aunque eso sí, quien estaba entonces al frente del departamento no era Montoro, sino la socialista Elena Salgado.

Este dinero, no obstante, no es lo único que la Junta tiene que reclamar al Gobierno central. Todavía tiene pendientes de cobro los 1.580 millones por las inversiones no ejecutadas por el Estado de los ejercicios 2008 y 2009. La cifra fue cerrada al alza por el anterior Gobierno, y habrá que ver ahora cómo administra los tiempos la Junta, dada la cercanía de las elecciones autonómicas.

La carta enviada por Martínez Aguayo a Montoro es la segunda en el plazo de cinco días. La primera vino motivada por las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, tras el último Consejo de Ministros, y en las que mostraba su preocupación por las cuentas andaluzas, a raíz del adelanto en un mes del cierre del ejercicio contable, situando a la comunidad en suspensión de pagos. Algo que enervó a la Junta porque, aparte de ver una falsedad, Andalucía no ha pedido ni un euro y, menos aún, rescate al Gobierno central.

Por parte del ministro sigue sin haber una respuesta formal a esa misiva, ni siquiera a la petición de una reunión que le formulaba la consejera. Tal vez Montoro considere que el asunto ya está resuelto después de que un acto del PP andaluz dijera que la Junta "debe poner la casa en orden" y "no sacar pecho" por su situación financiera.

La bronca, a la que este fin de semana se sumó el presidente andaluz, José Antonio Griñán, que quiso ver una "operación" del Gobierno contra la Junta, siguió coleando ayer. A modo de coro, desde el Gobierno autonómico y el PSOE se repitieron algunas de sus observaciones. La consejera de la Presidencia, Mar Moreno, y la secretaria de Organización del PSOE-A, Susana Díaz, acusaron directamente al Ejecutivo de Mariano Rajoy de ir en contra de Andalucía, actuando como un "Gobierno del PP", y todo por hacerle el "juego electoral" a su candidato, Javier Arenas. Una "irresponsabilidad" y una "canallada" que, bajo su punto de vista, puede tener consecuencias económicas para una comunidad que presenta unas cuentas en mejor estado de salud que otras, tanto en deuda por habitante como en déficit. El PSOE ya tiene previsto pedir explicaciones a los dos ministros en la comparecencia que está programada para hoy y mañana en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados.

En el PP seguían en su tesis. La secretaria general, María Dolores de Cospedal, señalaba de nuevo con el dedo a la Junta, acusándola de pintar una situación económica y un déficit que "no es que realmente existe". Apuntó que los niveles de deuda y de déficit de Andalucía pueden estar en aumento, lo que supondría que la Junta no cumple los recientes acuerdos contra el gasto del CPFF, y pone en riesgo el futuro de la comunidad.