El PP-A se ve cada vez más cerca de lograr el gobierno de Andalucía y quiere poner el parche antes de ver lo que realmente se encuentra en las arcas autonómicas. Prepara el terreno siguiendo la estrategia puesta en marcha en Castilla-La Mancha por María Dolores de Cospedal: se pone el foco en las cuentas que dejaron los antecesores socialistas y se justifican las medidas restrictivas para corregir el desfase presupuestario. En esa clave se pronunció ayer el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, que se mostró convencido de que "el gobierno del cambio" del PP descubrirá que la Junta es una "gran morosa" con un gran número de facturas no contabilizadas y de compromisos pendientes de pagos sin facturas o aplazados, como consecuencia de pactos con empresas para librar esas facturas en años posteriores (2012 o 2013), lo que va a superar "el récord" de cualquier comunidad.

El cierre del ejercicio contable un mes antes de lo previsto este año por la Junta -se cerró a 30 de noviembre en lugar de a 31 de diciembre, como es habitual- contribuye como argumento a la postura del PP. Esta "fullería" para cuadrar los presupuestos que, según Sanz, no será la única y que va a poner en riesgo muchos empleos y la estabilidad de un gran número de empresas, supondrá además que el Gobierno andaluz va a dejar al PP-A "una patata caliente mucho más grave" de la que se han encontrado otros gobiernos populares.

Como medida preventiva, el PP tiene previsto socilitar este jueves en el Pleno del Parlamento andaluz la creación de un grupo de trabajo en la Comisión de Hacienda y Administración Pública que analice la "situación financiera real" de la Junta y abordar posibles líneas de actuación para su "saneamiento y sostenibilidad".

A este panorama que se pueden encontrar, los populares suman sus cálculos sobre los recortes supuestamente encubiertos que está acometiendo el Ejecutivo autonómico en las políticas sociales. Estos tijeretazos los popualres los cifran en 1.000 millones en educación y 3.500 millones en sanidad, aunque alcanzan una proporción "más escandalosa" en el ámbito de la dependencia. "La política social de la Junta ha recortado las ayudas a todas las organizaciones sociales", añadió Sanz.

Esta situación de colapso presupuestario, con la inversión "absolutamente paralizada" en Andalucía, para Sanz es una prueba de que la Administración andaluza sólo tiene capacidad para pagar en estos momentos "la luz, el agua, las nóminas y poco más". En su opinión, la situación de parálisis del Gobierno que preside José Antonio Griñán hace que el único recurso que tenga es provocar la confrontación con el futuro gobierno de Mariano Rajoy.

Ante la posibilidad de que la réplica del PSOE sea poner sobre la mesa una posible política de recortes del PP, Sanz dijo que su formación tiene "un compromiso blindado y un pacto de sangre" con los andaluces en relación a la sanidad, la educación y los servicios sociales, una materias que consideró "sagradas". Si el PP-A llega a la Presidencia de la Junta tendrá "margen" para hacer recortes en otros aspectos, "dado que hay demasiada grasa política en la Administración y demasiado despilfarro", aclaró.

Sobre los recortes realizados en distintas comunidades autónomas, incluidas las del PP, el secretario general del PP-A destacó que "hay márgenes distintos en cada una de las comunidades autónomas, así como también prioridades que cada uno tiene que establecer". En el caso de Cataluña, dijo que su formación no comparte las prioridades que se han fijado porque los recortes se podrían haber realizado en otras áreas.