Hay dudas sobre si el PSOE llevará hasta el final su apuesta por dejar fuera de la carrera electoral de marzo a los potentes alcaldes que acaba de estrenar el PP. Los quiere declarar incompatibles con el cargo de diputado autonómico y para conseguirlo le basta con reformar la ley electoral con su actual mayoría. Pero lo que nadie duda, ni siquiera algunos socialistas en privado, es que esta maniobra tiene poco que ver con las medidas de transparencia y calidad democrática aprobadas tras el último debate sobre el estado de la comunidad. Más bien, es una pinza electoral.

Tampoco lo duda su pareja en este baile. Ignacio García, diputado de IU por Cádiz, lamenta que los socialistas no hayan votado a favor de propuestas que su partido considera más importantes que la incompatibilidad de los alcaldes. Por ejemplo que se haga pública la contabilidad de los partidos y en particular de las campañas electorales.

"Más que conocer la declaración de IRPF de Arenas, sería estupendo saber las donaciones que recibe el PP, que es de donde salen los sobresueldos de Arenas. Y esto vale para el PP y todos los demás, pero el PSOE votó en contra". IU considera éste un asunto básico para mejorar la transparencia del sistema democrático.

García aprovecha que está de actualidad el caso Gürtel para insistir en la sospecha de que "hay donaciones a los partidos en dinero B, que no pueden demostrarse, pero son ilegales". Y sobre las donaciones legales reclama que se conozca quién las hace y por cuánto dinero, para que no sirvan de salvoconducto a licencias y contratos posteriores en las instituciones.

Sea como fuere, la única medida para reforzar la calidad democrática que ha resultado polémica de las aprobadas esta semana en el Parlamento regional ha sido el veto a los alcaldes que se quiere imponer sin consenso. Incluso contra la palabra dada solemnemente por el presidente de la Junta el 9 de junio, en el debate quincenal de los jefes políticos en la Cámara.

Dijo Griñán entonces que una modificación de la ley electoral habría que hacerla por acuerdo de todos los grupos políticos, como se hizo en el Estatuto. Alguien, que prefiere el anonimato, recuerda una máxima que solía repetir el profesor Tierno Galván: las promesas sólo comprometen a quien se las cree.

IU defiende la coherencia de su propuesta sobre incompatibilidad de los alcaldes para ejercer como diputados autonómicos, porque está en el artículo 41 de sus estatutos. Pero lo cierto es que el único alcalde que hay entre el medio centenar de parlamentarios regionales que tiene IU en toda España, está en Andalucía: Juan Manuel Sánchez Gordillo.

Precisamente Gordillo, contrario a un pacto electoral entre el PSOE e IU si tras las elecciones de marzo el PP no tiene mayoría absoluta, se considera una pieza a eliminar si se llega a producir esa coyuntura. Aunque las posibilidades del Partido Popular a día de hoy parece que superan ese escenario. La semana próxima está prevista la publicación de una de las encuestas periódicas realizadas por centros regionales de prospectiva política y electoral. El avance que se conoce de ese sondeo, con una amplia muestra, es que el PP tiene mayoría absoluta.

¿Cuánto valen los alcaldes del PP en términos electorales? Mucho sin duda. Eso debió pensar Alfonso Guerra, que se implicó personalmente en 1982 en convencer a algún reticente alcalde socialista de capital para que fuese en las listas de las primeras elecciones autonómicas. Y alguno figuró a la fuerza. Pero fueron una buena palanca para la llegada al poder del PSOE en Andalucía. Este periódico ha hablado con varios de esos protagonistas del 82, que están dedicados a otras tareas o jubilados. Prefieren no implicarse en la polémica, pero en general consideran la medida contraria al municipalismo, aunque alguno de ellos confiesa que fue muy poco al Parlamento andaluz.

Tampoco ha querido arriesgarse a valorar la medida Carmela Silva, la portavoz socialista en el Senado, que es delegada de Urbanismo en el Ayuntamiento de Vigo, la ciudad más grande de Galicia. Si físicamente o éticamente fuese incompatible ser alcalde y diputado andaluz, es bien probable que estuviera en el mismo supuesto ser portavoz socialista en el Senado y responsable del Urbanismo en una ciudad de 100 kilómetros cuadrados y 300.000 habitantes.

Miguel Ángel Vázquez, el diputado socialista que ha defendido la incompatibilidad de los alcaldes en la Comisión parlamentaria, recalca que su partido quiere ser muy coherente para descartar el discurso del oportunismo. De hecho, oportunista, es lo más venial que se ha dicho de esta medida por parte de analistas independientes. Vázquez sostiene que la única modificación que se haría de la ley electoral andaluza sería ésta.

Cuando se le esgrime el compromiso del presidente Griñán de hacerlo por consenso afirma que no quieren "que el PP haga un uso torticero [injusto, o que no se arregla a las leyes o a la razón] del Parlamento". Y apunta que una reforma integral como propone IU, bajando el porcentaje de votos para conseguir escaño o aumentando el número de diputados, no es posible abordarla a cuatro meses de acabar la legislatura.

En el cuadro adjunto puede verse que el PSOE tiene alcaldes en varios parlamentos regionales. En alguno, como Aragón, incluso dispone de más alcaldes que el resto de fuerzas políticas juntas. En Cataluña tiene dos alcaldes. Una de ellas, Judith Carreras, alcaldesa de Olvan (Barcelona), aparece en un vídeo que está colgado en la página web de la Cámara explicando la importancia de trabajar en el abstracto de las leyes generales del Parlamento catalán y en lo concreto de los problemas cotidianos de su pueblo.

En Cataluña ha habido siempre una fuerte representación municipal en el Parlament. En la actualidad 40 de los 135 diputados son alcaldes o concejales. Los alcaldes aprovechan la proximidad de los consejeros del Gobierno para resolver sobre la marcha cuestiones que la distancia retrasaría enormemente. En CiU recuerdan cómo Manuela de Madre, del PSC, alcaldesa de Santa Coloma, que fue diputada en el Parlament desde 1988, aprovechaba cualquier ocasión para sentarse junto a Pujol en la Cámara para plantearle alguno de los problemas de su pueblo.

Carles Puigdemont (CiU), alcalde de Gerona, uno de los quince alcaldes que actualmente se sientan en el Parlament, ha declarado a este diario que ser alcalde y diputado autonómico "es más eficiente, fuera de toda duda". El alcalde para este parlamentario es un representante territorial básico: "En las diputaciones es obligatorio ser concejal o alcalde, y sin embargo es en los parlamentos autonómicos en donde se legisla para todo el territorio; es el espacio ideal para la transacción y el diálogo".

El menú del PSOE para los 1.218 diputados autonómicos que hay en España incluye una tercera posibilidad: que estos parlamentarios no puedan ser ni siquiera concejales. Es el caso de Galicia, en donde los tres que han salido elegidos el 22 de mayo están tramitando su dimisión.

El Parlamento gallego estableció en 1985 una ley electoral por la que alcaldes y diputados provinciales no eran elegibles. Esa ley fue modificada en 1992, y se mantuvo este extremo, aunque se elevó el porcentaje del 3% hasta el 5 para poder obtener representación. La medida la impuso la mayoría del PP, sin consenso, pero nadie la recurrió. Todas las leyes de un parlamento regional tienen la presunción de constitucionalidad, pero el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, Agustín Ruiz Robledo cree que con esta medida se vulnera el derecho a la participación política y lo explicará en un artículo mañana, en estas páginas.

Esperanza Oña, portavoz popular en el Parlamento andaluz, y la segunda alcaldesa más votada de España, califica la iniciativa de PSOE e IU de venganza por los resultados del 22 de mayo y una actuación maliciosa fruto de la necesidad electoral. Esta pinza que ahora se fabrica quizá no llegue a ser tan famosa como la que PP e IU montaron contra el PSOE entre 1994 y 1996, pero ya está dando la vuelta a España.