El delegado municipal de Patrimonio, Gabriel Orihuela, manifestó que la labor que se está llevando a cabo para que "la gente deje de hacer esas barbaridades" y frenar la usurpación de monte público es resultado de la decisión política de acabar con esos procedimientos. El concejal piensa que esto es bueno para Algeciras pues "las ciudades no pueden crecer así, sino planificadas. Esto no es hacer ciudad, esto es un disparate", apuntó.

Orihuela se mostró convencido de que hay mucha gente que está convencida de que no se puede actuar así y destacó la labor de los funcionarios técnicos y jurídicos en este sentido, independientemente de quien gobierno, ya que están "amparados por un marco jurídico". El concejal habló de los policías locales, adscritos a Disciplina Urbanística, que son quienes detectan, la existencia de vallados o construcciones ilegales. A ellos se unen los técnicos de la delegación municipal de Patrimonio, que son los encargados de emitir un informe respecto a la propiedad del suelo y a su clasificación urbanística.

Seguidamente, la Policía Local intenta localizar al infractor y redacta un atestado, que se da traslado al Ministerio Fiscal. Orihuela, que reconoció la "sensibilización y diligencia" de éste indicó que él estudia el expediente y una vez que ve indicios de "delito penal, como lo ve en todos los expedientes que le remitimos al estar muy documentados", presenta denuncia y propone medidas cautelares.

El concejal añadió que posteriormente el Juzgado pide al Ayuntamiento, que está personado en cada uno de los casos, el expediente administrativo completo. El tiempo transcurrido en todo el proceso suele ser de poco más de seis o siete meses. Entonces se dicta un auto.