El juez ha dictado un auto en el que ordena la restitución a su "legítimo propietario, en este caso el Ayuntamiento, de una parcela de unos 1.800 metros cuadrados que había sido ocupada ilegalmente en la zona de monte de utilidad público de Majadal Alto, por tanto no urbanizable y de especial protección, dentro del parque de Los Alonocales. Este último caso había sido detectado por el grupo de la Policía Local adscrito a Disciplina Urbanística el pasado 27 de enero.

El presente auto, de 19 de julio, autoriza a la Corporación municipal a retirar el actual cerramiento, proceda al terraplenado y al compactado del terreno, si procede, así como a la retirada del contenedor existente así como de los materiales u otros elementos de obra que se encuentren allí ubicados, según informó el delegado municipal de Patrimonio, Gabriel Orihuela.

Dicho auto también determina la prohibición de realizar obras u ocupar dicha parcela; darle cualquier otro uso distinto al que establece el Plan General de Ordenación Urbana; el corte de suministro de energía eléctrica etc.

El juzgado ordena, y así lo determina también una notificación recibida en el Ayuntamiento el pasado 10 de agosto, a actuar en caso de que el usurpador, al que se le ha dado un tiempo para cumplir el auto, haya hecho caso omiso del mismo.

Orihuela argumentó que lo que el Ayuntamiento pretende es que "la gente deje de ocupar, parcelar y construir en monte público y que nos devuelva el suelo que es de todos los algecireños". Por eso, el concejal apuntó que en caso de que el usurpador se avenga a cumplir la orden el juez se puede conseguir minimizar los efectos de este proceso.

Con todo, Orihuela añadió que este proceso va por la vía penal y por tanto "la sentencia puede ser otra". De hecho, el responsable municipal explicó que aquí se trata de dos delitos, "uno por ocupación de un bien que no es el suyo, que es ajeno, y otro, contra la ordenación del territorio y los delitos contra la ordenación del territorio llevan aparejadas penas de cárcel".

El delegado municipal de Patrimonio, dijo que confía en que los usurpadores de esta parcela hagan lo que se comprometieron a realizar, según figura en el atestado: "en caso de que fuera necesario" a "reponer la referida parcela a su estado original corriendo con los gastos que conlleve dicha reposición". Estos, según explicó el concejal, reconocieron que conocían que estos terrenos eran de dominio público "pero que habían sido influenciados por vecinos de la zona para hacer una explanada". Igualmente indicaron que carecían de documentación o permiso que autorizaran dicha obra.

Orihuela apuntó que "nosotros nos agarramos a esa buena disposición que dejaron constar y les pedimos qu ese personen en la asesoría juridica del Ayuntamiento, que reconozcan formalmente y por escrito que no tienen reserva legal ni material alguna de que el suelo es del Ayuntaminto y que en la proxima semana y con medios propios y bajo la supervision de técnicos municipales demoleran lo allí existente". Igualmente, los usurpadores deberán retirarán la escollera y restaurar el s uelo a su estado primitivo. "Si es así, iremos al juzgado y retiraremos la denuncia, aunque eso no significa que el fiscal esté dispuesto a eso.

Lo que si está claro, según el concejal, es que se toma en cuenta la actitud colaboradora y ls resultará "muc"ho más económico que si el Ayuntamiento asume los trabajos pues "vamos a justificar legalmente hasta el último gasto que haya".