El Ayuntamiento ha recuperado otra parcela en Algamasilla, la 33, que forma parte de los 39 expedientes que en su momento se dieron traslado al Ministerio Fiscal y que estaba en fase de instrucción por la vía penal. El motivo: por delitos de usurpación de monte público y contra la ordenación del territorio.

Esta última parcela ocupa una superficie de 500 metros cuadrados de suelo de dominio público y tenía una construcción de 50 metros cuadrados, que ya ha sido demolida por orden judicial. El juez había impuesto, previamente, como primera medida cautelar el desalojo y el corte de suministros. Posteriormente, autorizó la demolición e impuso una fianza de 2.973 euros para sufragar posibles gastos.

El ciudadano que había ocupado esta parcela contactó de forma voluntaria con los servicios jurídicos municipales y firmó un documento reconociendo que el suelo no era suyo y por el que lo devolvía "a su legítimo propietario, el Ayuntamiento", según fuentes municipales.

Gabriel Orihuela, teniente de alcalde delegado municipal de Patrimonio, apuntó que se han iniciado los trámites para retirar la acusación particular, trámite que se lleva a cabo siempre que se ha devuelto una parcela de forma voluntaria.

Todo este proceso, iniciado hace ya más de dos años, no está resultando nada fácil, reconoció ayer el delegado municipal, quien a su vez incidió en que todos estos expedientes abiertos "están cargados de razón, con la razón que se sustenta en los argumentos que plantean los informes elaborados y bien fundamentados por los arquitectos, Asesoría Jurídica y secretario municipal, en caso contrario no hubiéramos iniciado esta labor". Orihuela añadió que sabíamos que iba a ser difícil y está siendo difícil".

El objetivo, según el concejal, era evitar que en la zona se creara un núcleo urbano, con sus equipamientos; recuperar el suelo y restaurarlo a su estado original. Y un mensaje: "aquí nadie va a hacer la vista gorda". La realidad es que ya hay 18 ó 19 parcelas recuperadas totalmente, el 50% de la totalidad. Sobre unas 7 hay un contencioso administrativo abierto y sobre el 25% de las parcelas sigue la vía penal. Respecto al futuro de éstas dijo: "no queremos aventurar nada, haremos lo que diga la Justicia".