La Audiencia Nacional da un paso más en la investigación del supuesto pago de comisiones por la adjudicación a Body Factory del centro deportivo El Calvario. El juez José de la Mata ha reclamado a diferentes entidades bancarias que le informen de los movimientos registrados en las cuentas de los exalcaldes socialistas de Algeciras Tomás Herrera y Diego Sánchez Rull en busca de ingresos no declarados. Y una de las cuentas investigada es del PSOE algecireño, en la que Sánchez Rull figuraba como autorizado.

El auto emitido por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 da curso así a una petición de la Agencia Tributaria, que solicita información de los movimientos registrados en 2010 y 2011. El juez busca pruebas del pago de 279.360 euros en mordidas por parte de Fitonovo (propietaria de una parte de Body Factory) a cambio de conseguir el contrato de construcción y explotación del espacio deportivo. Y para ello ha librado oficio a siete entidades bancarias reclamando información sobre las cuentas en las que aparece como titular o autorizado Sánchez Rull, una de ellas titularidad del PSOE. En otra de ellas aparecen como cotitulares otros dos cargos socialistas, el ex alcalde Juan Antonio Palacios y la exconcejal Isabel Beneroso. Y en una tercera sólo Beneroso.

Fuentes del partido explicaron ayer que la compartida entre los tres se correspondería con una cuenta antigua abierta para solicitar un préstamo, mientras que la segunda coincidiría con la cuenta del grupo municipal, en la que portavoz y viceportavoz aparecen como titulares. El juez reclama asimismo a otras tres entidades bancarias que aporten movimientos de diferentes cuentas de Tomás Herrera.

En el mismo auto, el juez solicita investigar las cuentas del ex concejal socialista en el Ayuntamiento de Sevilla Manuel Gómez Lobo, una de ellas también correspondiente al PSOE, y las del ex asesor del grupo municipal de IU en el mismo consistorio, Antonio Miguel Ruiz, en ambos casos referentes a otros casos de supuesto pago de comisiones por parte de Fitonovo.

Con esta resolución, el juez De la Mata sigue avanzando en la instrucción de la conocida como operación Madeja, en la que se investiga el pago de comisiones por la adjudicación de contratos públicos, con un total de 96 personas investigadas entre las que se encuentran funcionarios de 14 administraciones públicas como el Ministerio de Fomento, las juntas de Andalucía y Extremadura, el Gobierno de Canarias y varias diputaciones y ayuntamientos. En esa maraña de supuestas dádivas, sobornos y comisiones se inserta el caso de Body Factory, por cuya adjudicación Fitonovo habría pagado esos casi 300.000 euros entre el 26 de junio de 2010 y el 15 de septiembre de 2011, con un primer pago de 130.000 euros.

La instrucción del caso fue iniciada por la juez Mercedes Alaya, que imputó a Rull y Herrera los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho, además de asociación ilícita en el caso del primero. Alaya llegó a imponer una fianza de 1,1 millones de euros a Sánchez Rull. Asimismo, también se imputó a tres técnicos municipales.

Posteriormente, el sumario de la operación Madeja fue derivado a la Audiencia Nacional, que mantuvo la imputación a estas cinco personas.

El juez José de la Mata, que investiga ahora el caso, acusa a Rull de intervenir "activamente, a través de la mesa de contratación, en el concurso fraudulento que se celebraría en la primavera de 2010 para la concesión de la construcción y explotación del Polideportivo El Calvario". A Herrera también: "Intervendría activamente, a través de su cargo en el concurso fraudulento".

En cuanto a los técnicos imputados, el juez asegura en su auto que "el coordinador del Patronato Municipal de Deportes a la fecha de los hechos intervendría activamente, a través del informe técnico, que realizaría por bueno en la valoración realizada en la mesa de contratación". El arquitecto municipal de la Gerencia de Urbanismo "intervendría activamente, a través de la mesa de contratación en el concurso fraudulento". Y el director técnico de la Gerencia de Urbanismo entonces "intervendría activamente, tanto mediante la emisión de informes técnicos como a través de la mesa de contratación en el concurso fraudulento".