El sindicato CGT volvió ayer a la carga destapando que el conflicto de los carteros y Correos no está solucionado, como así se dio a entender a mediados de julio cuando la dirección estatal anunció que contrataría a veinte carteros más. La lucha de los empleados se inició en abril y ahora vuelve a escribirse otro capítulo.

El sindicato anunció ayer que actualmente hay cinco zonas de reparto sin cartero, lo que equivale a que unos 13.000 vecinos están afectados ya que no se les entregará la correspondencia como marca la ley y, por tanto, se les discrimina con respecto al resto de la población. Durante la huelga de los carteros el sindicato calculó que el número de envíos pendientes alcanzó los 1,8 millones.

La sección sindical explicó que la Inspección de Trabajo requirió a Correos el pasado 21 de junio de 2016 la realización de una Evaluación de Riesgos Psicosociales para evaluar los riesgos derivados de estados de ansiedad, estrés, al igual que un estudio de tiempos dedicados a cada tarea para determinar la plantilla necesaria. Según CGT la fecha límite era de dos meses y Correos la ha "incumplido".

Señaló el sindicato además que el alcalde, José Ignacio Landaluce, medió en el conflicto con el fin de reconducir la situación y ahora la sociedad estatal "ha pasado por encima de ambos". El 4 de abril se aprobó una moción por mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Algeciras a favor de un servicio postal público de calidad y ajustado a la normativa existente. Uno de los puntos señalaba que en un estado de derecho una empresa como ésta no tiene cabida, siendo un servicio público que recibe dinero del Estado por prestar este servicio tal y como marca la Ley y Directiva Postal Europea, que ese dinero que recibe es de los ciudadanos, que no lo reinvierte en ellos y en cambio obtiene beneficios.

CGT insistió que la Sociedad estatal "le ha perdido el respeto a la Ley Postal, a Inspección de Trabajo, al alcalde, al delegado del Gobierno, a las asociaciones de vecinos y a los ciudadanos de Algeciras.

Para el sindicato esta situación demuestra que Correos y la dirección autonómica únicamente están interesados en el recorte de personal, casi un 25% menos en siete años, en los beneficios económicos de la sociedad estatal, más de 48 y 195 millones de euros de beneficios en el año 2013 y 2014, y "eluden" cualquier responsabilidad tanto con sus obligaciones con los usuarios del servicio postal y con las normativas postales y de prevención de riesgos, como con el compromiso alcanzado con el alcalde, José Ignacio Landaluce, mediador y testigo en la solución de la huelga.