Algeciras

El juzgado investiga si las captaciones de agua suponen un delito ambiental

  • La Fiscalía considera que 38 tomas de abastecimiento sin título dañan el entorno natural El Ayuntamiento muestra su "absoluta confianza" en que las diligencias serán archivadas

Un juzgado de la localidad está evaluando si las captaciones de agua de manantial que realiza el Ayuntamiento de Algeciras pueden constituir un delito contra el medio ambiente. Estas diligencias tienen su origen en una denuncia que presentó la organización Verdemar ante la Fiscalía General del Estado en febrero de 2015. El juez ha demandado información a la empresa de aguas de la localidad, Emalgesa, por ser la que explota este tipo de tomas.

Emalgesa, sociedad mixta del Ayuntamiento y la mercantil Aqualia, gestiona el servicio del agua en Algeciras. Los recursos hídricos para el abastecimiento provienen del agua de pantano que compra y de sus captaciones de manantial en el término municipal.

Verdemar-Ecologistas en Acción formalizó en febrero de 2015 ante la sala de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado una denuncia contra el Ayuntamiento por un supuesto delito de "hurto agravado". Trasladó que estas tomas se encuentran en el Parque Natural de Los Alcornocales, aseguró que no están respetando los caudales ecológicos de los manantiales y recalcó que todo ello finalmente para vender ese agua.

La Fiscalía General del Estado comunicó a Verdemar en marzo que iba a "recabar información" sobre las captaciones, entre ellas incluida la de la Garganta del Capitán (que la Junta de Andalucía ha ordenado que cese, resolución recurrida por el Ayuntamiento, pero ese es un proceso administrativo y distinto al presente).

El Ministerio Fiscal no obstante solicitó a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía copia de ese expediente de extinción de las tomas en la Garganta del Capitán y asimismo le preguntó sobre captaciones en otras zonas del municipio.

Tras las diligencias que realizó la Fiscalía General del Estado mandó un escrito a Verdemar en el que señaló que "de la información recabada se desprende que existen al menos 38 captaciones que, en principio, carecen de título o autorización que las ampare, y lo que es más grave, se llevan a cabo sin respetar caudal ecológico alguno y teniendo incidencia en los valores ambientales del parque".

[Ya en noviembre de 2014 la delegación territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía abrió diligencias informativas tras localizar 30 puntos presuntamente ilegales de captación de agua para abastecimiento dentro del Parque Natural de Los Alcornocales y otros cuatro fuera del parque pero en zonas de alto valor ecológico y que igualmente carecían de la regularización necesaria a juicio de la administración autonómica].

La Fiscalía General del Estado, tras el tenor de las conclusiones a las que había llegado, remitió la información que había recabado a la Fiscal Delegada de Cádiz para que iniciara diligencias de investigación de cara "al completo esclarecimiento de los hechos y de la autoría de los mismos, por si fuesen constitutivos de un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales del artículo 325 del Código Penal".

El Ministerio Fiscal dio traslado de las actuaciones al juzgado de instrucción, que ha admitido a trámite la denuncia y está investigando si los hechos son constitutivos de los delitos mencionados.

Esta situación judicial de las captaciones de Emalgesa trascendió ayer después de que el PSOE remitiera a los medios un comunicado en el que reclamó al alcalde, José Ignacio Landaluce, que aclarara si algún miembro del gobierno local ha sido imputado por las captaciones de agua que se realizan en el municipio o si ha sido citado en el juzgado.

"En todo momento por parte del Ayuntamiento se han respetado los caudales ecológicos cumpliendo la mayor de las exigencias en cuestiones medioambientales para preservar un entorno natural del que todos nos sentimos orgullosos, por lo que tenemos absoluta confianza en que la denuncia presentada será sobreseída tras los trámites correspondientes", defendió el equipo de gobierno municipal a través del teniente de alcalde de Hacienda, Luis Ángel Fernández.

"Las captaciones de agua se llevan a cabo en Algeciras desde mediados del siglo XX, hace más de 40 años, siendo por tanto completamente legales y necesarias, ya que de no realizarse se podría provocar un grave problema de desabastecimiento en toda la ciudad", agregó.

"Sorprende eso sí que este grupo ecologista (en alusión a Verdemar), que conoce que esta situación se ha mantenido durante toda la etapa de gobierno socialista, formule ahora la denuncia cuando hay un gobierno del Partido Popular, que trabaja por el medio ambiente, defendiendo al mismo tiempo los derechos legales del pueblo de Algeciras a sus captaciones, fundamentales en estos momentos para garantizar el abastecimiento de la ciudad", ahondó Fernández.

El teniente de alcalde también se mostró sorprendido por las alusiones del PSOE a este tema. "El sistema de captaciones de esta ciudad no ha cambiado lo más mínimo en las últimas décadas, llevándose a cabo igual que en el periodo comprendido entre los años 2003-2011, cuando la responsabilidad de la gestión de la empresa Emalgesa era llevada a cabo por concejales socialistas, luego si existiera daño ambiental, que no es el caso, también resultarían implicados los dirigentes socialistas de aquellos años", resaltó.

La secretaria de Política Institucional y Municipal del PSOE de Algeciras, Isabel Beneroso, destacó que el alcalde no ha informado a los portavoces de la oposición del curso judicial que ha tomado el caso de las captaciones, lo que tachó de "deslealtad a la institución que representa".

La formación aseveró que va a dar traslado de petición de información al secretario general del Ayuntamiento como secretario del consejo de administración de Emalgesa para aclarar si ha sido citado al juzgado algún miembro de la parte privada (Aqualia).

"El señor alcalde deberá aclarar si piensa convocar un consejo de administración de Emalgesa para dar cuenta del asunto y de las decisiones que en su nombre han tomado los consejeros delegados", expresó Beneroso.

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