La Fiscalía de Área de Algeciras ha solicitado penas de diez años de inhabilitación para los exalcaldes socialistas Juan Antonio Palacios y Tomás Herrera y para el exconcejal andalucista José Ortega así como cinco años de prisión para el arquitecto municipal Arsenio Pacios por el caso Escalinata. En su escrito de acusación -en el marco del procedimiento penal seguido por el Juzgado de Instrucción número 1-, el Ministerio Fiscal atribuye a los tres políticos un delito de prevaricación continuada por autoría directa y, al técnico, uno de prevaricación continuada por autoría por cooperación necesaria y otro de falsedad documental.

El fiscal, que solicita la apertura de juicio oral en la Audiencia Provincial, también considera que procede imponer a los imputados una indemnización conjunta y solidaria de 1,55 millones de euros a favor de la comunidad de propietarios del edificio Escalinata y que ha de responder de esta cantidad de forma subsidiaria el Ayuntamiento de Algeciras.

En su escrito, la Fiscalía realiza la reconstrucción que ha elaborado del caso Escalinata, desde que el pleno del Ayuntamiento aprobó el 28 de abril de 2000 el inicio del expediente de contratación de las obras del parking hasta cómo el proyecto terminó afectando al edificio del mismo nombre y las vicisitudes que acontecieron a sus residentes tras tener que abandonar sus viviendas.

El Ministerio Fiscal apunta a la responsabilidad de Ortega (cuando era concejal de Urbanismo) y de Pacios en el origen del caso y a la de Palacios (cuando era alcalde), Herrera (cuando era edil de Hacienda) y de nuevo Ortega y Pacios en lo que concierne a la gestión de los acontecimientos posteriores.

El fiscal reseña que el proceso administrativo hasta la adjudicación de la construcción y explotación del aparcamiento "se había dotado de una apariencia de legalidad (...) pese a que era completamente contrario a Derecho, ya que la construcción del parking vulneraba la normativa urbanística vigente, dado que, pese a que se había tramitado todo como si el parking fuera subterráneo, era evidente que no lo era".

"Pese a todo, no se puede afirmar con seguridad que cuando el pleno acordó en sesión celebrada el 31 de julio de 2001 aprobar el proyecto definitivo presentado por la empresa Nautagest los miembros del mismo que votaron a favor lo hicieran a sabiendas de la ilegalidad del mismo, dados los numerosos informes favorables que constaban en el expediente", precisa.

"Cuestión distinta son las vicisitudes que sufrió el proyecto desde esta aprobación inicial, en los meses posteriores. A partir de aquí las cosas cambiaron y, en la ejecución del acuerdo, se obvió totalmente el más mínimo respeto a la legalidad urbanística", asevera el escrito de acusación.

La Fiscalía afirma que "las obras se iniciaron sin tener licencia para ello" y que, no obstante, "el problema esencial fue la forma en la que el parking fue construido", cuando, según los pliegos, el Ayuntamiento tenía que velar por la correcta ejecución del proyecto.

Agrega que Pacios y Ortega "de común acuerdo, mediante las resoluciones del segundo y con los informes aparentemente técnicos del primero, procedieron a ejecutar la construcción del aparcamiento apartándose totalmente del procedimiento aprobado, saltándose cualquier atisbo de legalidad y poniendo en grave riesgo a los edificios vecinos e incluso la vida de las personas que en ellos habitaban. Todo ello de forma consciente y deliberada".

El escrito de acusación atribuye los daños en el edificio Escalinata al hecho de que se autorizara para el parking un 60% más de plazas de las aprobadas, lo que "obligó a tener que excavar un volumen cinco veces superior al previsto inicialmente". Y a que cuando se organizó la contención de tierras se usara un método distinto al estipulado, lo que provocó filtraciones de agua de lluvia, "arrastrando elementos del subsuelo del edificio Escalinata".

"El 24 de abril de 2004 el edificio Escalinata sufrió una importante sacudida y sus ocupantes tuvieron que ser desalojados. A tan desastroso resultado se llegó por la actuación conjunta y concertada de los acusados José Ortega y Arsenio Pacios", sostiene el fiscal.

El escrito de acusación continúa y describe otra fase de acontecimientos del caso Escalinata, en las que entra en juego la comisión de la supuesta prevaricación de Palacios y Herrera, a juicio del Ministerio Fiscal. Se resalta que, con los residentes fuera de sus casas de forma definitiva y tras adoptar incluso medidas de presión, la comunidad de propietarios firmó un acuerdo con el Ayuntamiento que comprometía al Consistorio a hacer que Nautagest pagara a los vecinos 2.343 euros al mes hasta que no desaparecieran las circunstancias que habían motivado el desalojo.

"Es decir, era el Ayuntamiento el encargado y garante de que la empresa que estaba construyendo el parking, Nautagest, abonara esa cantidad a los vecinos para pagarles sus realojos mientras no pudieran ocupar sus viviendas. El propio alcalde (Palacios, que llegó al cargo en 2003) era el máximo responsable de garantizar este acuerdo como firmante del mismo. Y el también acusado Tomás Herrera, como concejal de Hacienda, el encargado de efectuar los pagos. Pues bien, pese a que ambos acusados, Palacios y Herrera, conocían que ninguno de los problemas se había solventado, se negaron a abonar a los vecinos las cantidades acordadas, adoptando de forma reiterada la decisión de no pagar pese a las peticiones desesperadas de éstos", manifiesta el fiscal.

"Pero las cosas no acaban ahí", continúa. "Los acusados siguieron con su conducta criminal y, así, el 22 de marzo de 2004 la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, a la que pertenecen los acusados Ortega, Palacios y Herrera, por unanimidad aprueba una propuesta del alcalde resolviendo un procedimiento de responsabilidad patrimonial en la que únicamente se hace responsable de los daños producidos a la empresa constructora Nautagest, a la que se obliga a pagar esos daños por un valor de 157.760 euros y el valor de los realojos. Obviamente la cifra es ridícula, porque no comprende los daños en la estructura, que son los que han determinado la gravísima situación del edificio, pero no es casual. Procede de un nuevo informe elaborado ad hoc por el también acusado Arsenio Pacios".

"Por si fuera poco, el acusado Palacios, en su condición de alcalde, procedió a ensañarse ya con los vecinos de una manera especialmente cruel. Pese a conocer la situación de necesidad en la que se encontraban y pese a ser consciente de que había sido la conducta criminal de los miembros del Consistorio, entre ellos él mismo, la causante de dicha situación, y pese a que previamente habían eludido sus responsabilidades culpando a la empresa Nautagest, es decir un tercero distinto a los vecinos, el 28 de julio de 2004 dictó un decreto, a sabiendas de su absoluta ilegalidad, con el único ánimo de intimidar a quienes eran en ese momento las víctimas de su conducta criminal, en el que les exigía ¡¡¡que fueran ellos los que se autorepararan los daños causados por la conducta delictiva de los acusados!!!", finaliza Fiscalía.