Sobre la mesa se quedó ayer la aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que permitiría proyectar una gasolinera y un restaurante de comida rápida junto al centro comercial Puerta Europa en Pajarete. El concejal de Urbanismo, Diego González de la Torre (PP), explicó que se sometió a información pública, siendo contestadas y desestimadas las alegaciones presentadas por los vecinos de la zona. Con la aprobación se pretendía que pasara el área de uso comercial a uso comercial y hostelero.

Las dudas presentadas por la oposición llevaron al equipo de gobierno a replantear la aprobación. El concejal de IU, José Luis Alcántara, defendió el "temor lógico" de los vecinos al introducir otra zona comercial en Pajarete, dejando "corta" la duplicación de los carriles. Alertó sobre los informes negativos al respecto de la Dirección General de Carreteras y la Consejería de Obras Públicas y Viviendas. Por lo que instó a dejar la aprobación sobre la mesa hasta que los puntos se resuelvan.

La portavoz de Sí Se Puede (SSP), María José Jiménez, lamentó el somero caso a las alegaciones de los vecinos, que suponen unas 3.000 familias, advirtiendo que no ven claro la accesibilidad considerando que se lucrará la empresa propietaria de los terrenos cuando la parcela podría ser una zona verde y despejar el terreno. El socialista Fernando Silva defendió que el proyecto se pretenda aprobar pese a los informes, que sin ser vinculantes si son concluyentes. Apuntando además que "no está solucionado el problema de tráfico".

El alcalde, José Ignacio Landaluce (PP), expresó que el acceso ya se ha resuelto pero ante las dudas se queda sobre la mesa el punto. "No estoy dispuesto que siendo honestos se quede como que no lo somos". González de la Torre explicó que se volverá a traer el punto cuando se solventen esas dudas, aunque defendió los errores precisados en los informes citados.

Por otro lado se aprobó la modificación puntual del PGOU con el rechazo de SSP y la abstención de C's para modificar la calificación de una vivienda de uso comercial a residencial. Jiménez denunció el supuesto uso lucrativo que conlleva y avanzó que presentará alegaciones cargando contra la "política catastrófica urbanística". De la Torre señaló que se actúa conforme a la ley y defendió que no hay aprovechamiento alguno.