La operación Enredadera dirigida por la juez Mercedes Alaya en la que se investigan presuntas mordidas de la empresa Fitonovo a representantes institucionales a cambio de contratos públicos continúa desgranando novedades en espera del levantamiento del secreto del sumario sobre las actuaciones que se producirá en los próximos días. Según pudo conocer ayer Europa Sur de fuentes judiciales, la Fiscalía ha solicitado una fianza civil de 900.000 euros para José Álvarez Ruiz, ingeniero municipal y uno de los cuatro técnicos municipales imputados y en situación de libertad con cargos.

Asimismo para el arquitecto municipal José Alberola Visiedo ha pedido una cantidad de 400.000 euros, mientras que Javier Malla Calvente, coordinador de los Servicios del Patronato Municipal de Deportes no ha reclamado cantidad alguna, aunque como en los otros dos casos anteriores, permanece en situación de libertad con cargos. El cuarto de los funcionarios que ha sido imputado, Manuel Rodríguez Rubio, ingeniero municipal, aún no ha prestado declaración ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla y se encuentra a la espera de ser citado por la magistrada en los próximos días.

La imputación de los técnicos municipales, tal y como informó Europa Sur, se produjo el pasado día 18 como consecuencia de las actuaciones de la Operación Enredadera. Los cuatro tuvieron intervención en los informes que se presentaron en la Mesa de Contratación el 18 de mayo de 2010 para la adjudicación del complejo polideportivo de El Calvario a la empresa Body Factory, en un proyecto en el que Fitonovo actuaba como constructora. Tres de ellos, Álvarez, Alberola y Rodríguez, firmaron los correspondientes estudios de viabilidad para la construcción del mismo, mientras que el cuatro elaboró el estudio técnico en el que informaba sobre cuestiones estrictamente deportivas.

A la espera del levantamiento del secreto de las actuaciones, cuando las partes presentadas en el proceso conozcan los cargos por los que están imputados y las medidas cautelares que la magistrada determine en cada caso, se trata de dos peticiones pecuniarias que afectan directamente a las actividades de la trama en lo que se refiere a la ciudad de Algeciras.

Fue la semana pasada cuando la operación se cobró la que, hasta el momento, es la única consecuencia política cuando el hasta el pasado lunes portavoz socialista en el Ayuntamiento algecireño, Diego Sánchez Rull, presentaba la renuncia a su acta de concejal y solicitaba su baja temporal en el partido. Imputado como los cuatro técnicos municipales y el también exalcalde Tomás Herrera, Sánchez Rull comparte con todos la misma estrategia a la hora de encarar su implicación en el caso: acogerse a su derecho constitucional a no declarar y pedir hacerlo voluntariamente cuando se levante el secreto del sumario y conozcan el alcance de las imputaciones que pesan sobre ellos.

Por el momento, no hay más consecuencias policiales ni jurídicas para ningún implicado en Algeciras, aunque las comparecencias que determinarán en los próximos días podrían dar un vuelco a dicha situación.

La investigación comenzó el pasado mes de abril, cuando agentes pertenecientes a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, se presentaron en el Ayuntamiento de Algeciras para custodiar la documentación relativa a todos los trámites seguidos en la construcción del complejo deportivo de El Calvario. Poco después era citada la Jefa de Contratación del Consistorio, Isabel Toba para determinar el entramado que había llevado a la concesión a Body Factory, aunque para ella no hubo medidas de ningún tipo ni cargo alguno.

No fue hasta el pasado día 11 cuando se desató la operación Enredadera, cuando agentes de la UCO procedieron a la detención de 32 personas en 13 provincias relacionadas con la trama de comisiones ilegales pagadas por los responsables de la empresa Fitonovo a representantes públicos de cara a hacerse con contratos de obras en varias ciudades de toda la geografía española.