La juez Mercedes Alaya, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla encargada de la investigación de la denominada Operación Enredadera, derivada del Caso Madeja y que tiene una de sus ramificaciones en el presunto pago de comisiones ilegales por parte de la empresa Fitonovo para la construcción y gestión del complejo deportivo Body Factory, ya tiene una cifra de referencia: 279.000 euros (hasta el momento, la cifra que se habría presuntamente pagado por el consejero de Fitonovo y así consta en los documentos intervenidos, era de 200.000). Esto es lo que se desprende de los interrogatorios a los tres técnicos municipales del Ayuntamiento de Algeciras, adelantados ayer por Europa Sur, terminaron, al menos uno de ellos, frente a la magistrada quien le sometió a un interrogatorio calificado como "duro" por fuentes cercanas a los mismos.

En el caso de José Álvarez Ruiz, ingeniero municipal fue llamado a declarar ante la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, como en un principio tenía previsto. Este es uno de los técnicos en cuyos informes se apoyó la Mesa de Contratación celebrada el 18 de mayo del año 2010 para decidir la adjudicación a Fitonovo y Body Factory del complejo polideportivo de El Calvario.

Tras comparecer ante los agentes dependientes de la unidad de Policía Judicial de la Benemérita de Sevilla fue conducido ante la juez Mercedes Alaya acompañado de un abogado que le asistió en todo momento en calidad de imputado. Las preguntas de la magistrada se centraron en un antiguo director de una empresa de aguas de Algeciras, tras lo cual pasó a cuestionarle sobre la cantidad de 279.000 euros, presuntamente pagada por los dirigentes de Fitonovo a responsables municipales para hacerse con la adjudicación de uno de los proyectos estrella de la anterior corporación municipal. Después de las preguntas, la juez decidió su puesta en libertad con cargos.

El martes compareció, con el mismo recorrido José Alberola Visiedo, arquitecto municipal y cuyo nombre figura también junto al de Javier Malla Calvente, coordinador de los Servicios del Patronato Municipal de Deportes. Ambos seguirán la misma dinámica que la establecida en el caso de Álvarez Ruiz y también concluirán su periplo de declaraciones como imputados.

La estrategia de la magistrada, parece apuntar directamente a conocer a las personas que supuestamente cobraron las comisiones de Fitonovo, toda vez que ya tiene en su poder toda la documentación requerida sobre el proyecto y que ya fue custodiada en dependencias consistoriales tras la visita realizada el pasado mes de abril por dos agentes de la UCO al Ayuntamiento algecireño.

Hasta este momento, la magistrada se basaba únicamente en la confesión del administrador de Fitonovo, José Antonio González Baró, quien declaró ante el juzgado el pasado mes de abril que había repartido presuntamente dádivas a cargos políticos de la anterior corporación municipal de Algeciras para la construcción del complejo deportivo y el aparcamiento subterráneo en El Calvario, aunque ya por entonces se aseguraba que no se habían dado nombre alguno sobre los receptores de dicha cantidad.

Lo que se pretende ahora sería presionar a cuantas personas pudieran tener conocimiento de tales pagos para que den a conocer quiénes y en qué cantidad resultaron beneficiados por las presuntas mordidas de la empresa que, al final, se hizo con la construcción del complejo.

En cualquier caso, según han confesado a Europa Sur las mismas fuentes, el caso está lejos de cerrarse, al menos en lo que se refiere a sus ramificaciones en Algeciras y es todo hace prever que a lo largo de los próximos días se producirán más novedades para intentan poner luz sobre su tramitación.