Algeciras

El Consistorio se personará como acusación particular contra los presuntos pirómanos

El Ayuntamiento de Algeciras se personará como acusación particular en los procesos judiciales que se abran contra los supuestos autores de los incendios que este verano se vienen produciendo en distintos puntos de la ciudad, y que ya han sido detenidos, según informó ayer el alcalde, José Ignacio Landaluce. El primer edil explicó que ya ha dado las instrucciones pertinentes a los servicios jurídicos municipales para que pongan en marcha este procedimiento "con lo que el Consistorio da un paso más para defender los derechos de los ciudadanos", explica.

Cabe destacar que en los distintos incendios producidos, por encima de los daños que han sido causados a los intereses municipales, "está la situación de miedo que estos delincuentes han generado entre los vecinos de las zonas afectadas, y este Ayuntamiento no va a permitir que hechos como estos puedan quedar impunes", subraya la primera autoridad municipal.

Landaluce también recalcó el mensaje de que "en el caso de que la Justicia condene a estos presuntos pirómanos, las penas son muy severas, por lo que en este sentido, el Ayuntamiento solicitará los máximos grados de condena siempre que se pruebe esa culpabilidad".

Como ejemplos, el alcalde recordó que en el caso de incendios provocados intencionadamente, sea cual sea su naturaleza, la pena de prisión oscila entre diez y veinte años si comporta un peligro o riesgo físico para la vida de las personas, y que en el caso de los fuegos en montes o masas forestales, como fue el acontecido en El Cobre semanas atrás, si no se produce riesgo para las personas, el autor puede ser condenado a cumplir de uno a cinco años de cárcel, más multa de 12 a 18 meses y la reclamación de los daños causados.

En el caso de que los autores sean menores de edad, como ocurrió con el incendio de la calle Velero y cuyos presuntos responsables fueron detenidos por la Policía Local, la responsabilidad comienza a ser aplicada a partir de los 14 años, mientras que con 16 años, los infractores son privados de libertad e ingresados en centros de internamiento.

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