José Manuel Corrales tiene la sensación de haber tirado un año por la borda. "He estado estudiando para nada". Quien lo dice es un discapacitado algecireño que el pasado domingo no pudo desarrollar como hubiera deseado el primer examen para optar a una plaza de profesor de Educación Secundaria Obligatoria de Lengua Castellana y Literatura porque asegura que la Consejería de Educación no le ofreció los medios necesarios.

Ayer dejó constancia de lo que le sucedió en la Subdelegación de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar. Pide que se le tenga en cuenta. No sabe cuál podría se la solución ahora, pero sí vería con buenos ojos por ejemplo que se le evalúe a partir de lo que pudo escribir. Un familiar ha sugerido que le dejen leer el examen y a partir de ahí desarrollarlo. Sí tiene claro que su deseo es no impugnarlo para no salpicar a sus compañeros de oposición y más cuando responsabiliza a la administración del error.

Corrales explica que en la solicitud de admisión pidió que se le facilitara un ordenador para la prueba escrita y una ampliación del tiempo. El viernes dice que lo recordó y que su sorpresa llegó el domingo cuando se encontró en la prueba sin un ordenador oficial. Tampoco le admitieron el suyo personal. Sí le concedieron media hora más, aunque tuvo que hacer la prueba de su puño y letra -tiene dificultades motrices-.

Señala que no le dio tiempo a desarrollar todo el contenido y que es ilógico que se valore la calidad de la escritura cuando él no puede escribir con normalidad. Añade que si lo hubiera sabido un mes antes hubiera hecho más hincapié en este aspecto. "Ya estaría predispuesto", apostilla.

Siente impotencia por el tiempo que ha empleado y porque se sabía las preguntas. Cree que lo tiene difícil, aunque tiene la intención de presentarse al oral. El teórico supone el 40% de la nota final, aunque es necesario aprobar las dos pruebas. "Mis posibilidades son nulas".

Por su parte, la Consejería de Educación explicó ayer que está recopilando toda la información de lo que sucedió e insistió que al tribunal evaluador no le constaba que el algecireño hubiera solicitado un ordenador. Aseguró que las peticiones de los discapacitados se habían atendido.