El Grupo Municipal Socialista ha propuesto una serie de actuaciones para paliar las consecuencias que están sufriendo los vecinos del número 4 de la calle Segre, en La Piñera, donde el pasado martes se registró una explosión de gas butano. Los ediles Miguel Alberto Díaz y Rocío Arrabal informaron en un comunicado que desde que se produjo el siniestro, las ocho familias que residen en el edificio no tienen corriente eléctrica, por lo que la mayoría está alojándose con sus familiares. "Además, el inmueble tiene daños en sus tuberías de abastecimiento de agua y en algunos techos", confirmaron.

Asimismo, Díaz y Arrabal, que se han reunido con una de las afectadas y con el presidente de la asociación Puerto Blanco, Leonardo Bernal, han realizado gestiones tanto con el Ayuntamiento como con la Junta para afrontar el alojamiento temporal y la posibilidad de acceder a alguna ayuda económica. "Es una situación grave la que padecen estos vecinos, generada por un acto de violencia de género. Estamos hablando de ocho familias con problemas económicos en su gran mayoría, pensionistas y desempleados para los que reclamamos la sensibilidad necesaria y urgente", afirmó Díaz.

El Grupo Municipal Socialista valoró muy positivamente la solidaridad demostrada por el vecindario y la acción llevada a cabo por la Policía y los bomberos, una actuación que "evitó males mayores", reconocieron.

El equipo de gobierno (PP) aclaró sin embargo ayer que ha prestado desde el primer momento todo el apoyo posible a los vecinos afectados por la deflagración de una bombona de butano provocada por un individuo que, al parecer, quiso atentar contra su pareja sentimental, según informó la concejal de Igualdad y Bienestar Social, Paula Conesa.

La edil explicó que desde que se tuvo conocimiento de los hechos, a las seis de la mañana, por indicaciones del alcalde, José Ignacio Landaluce, tras ser informado por el comisario jefe de la Policía Nacional, se pusieron en marcha todos los mecanismos municipales de intervención. Así, se desplazaron hasta el inmueble las delegadas de Participación Ciudadana y de Salud además de las responsables administrativa y técnica de Bienestar Social, junto a un técnico de Urbanismo, que inspeccionó el estado del inmueble.

Según Conesa, estuvieron en permanente contacto con los vecinos afectados, poniendo a su disposición los recursos existentes que se enmarcan en el protocolo de actuación que en estos casos se activa entre Bienestar Social y Vivienda. La delegada no pasó por alto que en el caso de una vecina del inmueble, que "arropada por un partido político de la oposición en el que milita activamente, critica la actuación municipal en este asunto, atendí personalmente a esta persona, que se presentó en el pleno del miércoles, y a la que ofrecí la posibilidad de que pernoctase en el Hostal Versalles, con el que desde hace años existe un convenio municipal, extendiendo esta propuesta al resto de los afectados".

"Hay que destacar que mientras que los demás vecinos volvieron a sus domicilios, esta persona rechazó la propuesta alegando que ya había pagado un alojamiento. Pero el día del suceso ya hizo lo propio con este mismo ofrecimiento, realizado en esta ocasión por la Policía Local", informó Conesa que reprobó que "intentar obtener beneficio político del sufrimiento de las personas no está justificado, ya que se trata de una bajeza difícil de calificar, a lo que hay que unir el despliegue de servicios municipales que se lleva a cabo para que al final se tenga constancia de que los vecinos se encuentran en sus respectivas viviendas. En política no todo vale".