Una iniciativa altruista que acaba en los juzgados. Jerónimo Marcos, vecino de San Enrique de Guadiaro, ha interpuesto esta semana una querella contra el director de una oficina bancaria de Algeciras y contra un tercero a los que acusa de ser responsables de un delito de estafa por el que el querellante, de 82 años, sostiene haber perdido 270.000 euros. Según la denuncia por lo penal, Marcos pagó dicha cantidad a cambio de dos locales comerciales que nunca recibió.

En la querella, presentada ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Algeciras, se exponen los hechos que han llevado a Marcos a denunciar a estas dos personas y que se remontan a finales del año 2008. Según la versión del querellante, Marcos acudió a su oficina bancaria de confianza con la intención de promover una iniciativa altruista para honrar la memoria de dos de sus hijas fallecidas en accidente de tráfico: comprar dos ambulancias para ser donadas a colectivos sociales. Explicó su iniciativa al director de la oficina y le encargó que se hiciera cargo de las gestiones.

Meses después, en junio de 2009 -siempre según la versión consignada en la querella- el director de la oficina pidió a Marcos de que desistiera de la iniciativa de la ambulancias y, en su lugar, optara por comprar dos locales comerciales en la barriada algecireña de El Saladillo para, posteriormente, donarlos al colectivo social Acasa. En esa misma reunión le presentó a una tercera persona (el otro querellado) quien, supuestamente, era el propietario de dichos inmuebles.

El 2 de julio, según la documentación aportada ante los tribunales y que será la base del procedimiento judicial, las tres partes firman un contrato de "promesa de compraventa" en el que fijan la venta de dos locales (476,39 metros cuadrados en total) por 300.000 euros. En una de las estipulaciones se recoge que una vez que se reciba el total, el dueño de las fincas las transmitirá a favor del colectivo Acasa (Asociación para la Coordinación de la Asistencia Sociosanitaria Andaluza).

Marcos consuma el pago (la mayor parte a través de una transferencia) pero el traspaso de las fincas a favor de Acasa, según su versión, no se realiza en el plazo de 180 días fijados en el contrato. Los querellados alegan problemas urbanísticos -e incluso, según la querella, hubo una reunión para abordarlos- que no convencen a Marcos, quien exige la rescisión del acuerdo y devolución del dinero. En julio de 2010 obtiene 30.000 euros tras insistir pero en el documento que obtiene para justificar la entrega se hace constar que el querellado transmitió las fincas en octubre de 2009. Tras acudir al Registro de la Propiedad, constatan que ambos locales están desde el año 2005 a nombre de una empresa, por lo que el querellante entiende que nunca fueron de la persona a la que ahora ha denunciado y que ésta, con la intervención del director de la oficina bancaria, le ha estafado.

En la querella, solicitan el testimonio de ambos, de la interventora del banco y del presidente de Acasa con el fin de aclarar los hechos así como el depósito de una fianza por la cantidad reclamada.