La sección algecireña de la Audiencia Provincial de Cádiz dictó ayer una condena de 22 meses de cárcel contra un hombre de mediana edad, E. A. H., por un delito de estafa y falsedad documental. Según fuentes consultadas por este diario, el procesado adquirió entre el año 2001 y 2003 varias tarjetas bancarias y consiguió créditos de entidades financieras para la supuesta compra de vehículos, utilizando para ello los datos personales de terceras personas. Los hechos ocurrieron en varios puntos de Algeciras y del resto del Campo de Gibraltar.

De esta forma, el tribunal emitió ayer una sentencia en firme, tras llegar a un acuerdo previamente la defensa con el Ministerio Fiscal y la acusación particular. La sala impuso una pena total de 22 meses de prisión: 8 por falsificar documentos mercantiles, otros 8 meses por hacer lo mismo con documentos públicos, y otros 6 meses por usurpación de estado civil -este último punto, tras requerirlo el abogado de la acusación particular-. Además, la Audiencia también sancionó al procesado a 10 meses de multa, a razón de una cuota diaria de tres euros, por un delito de estafa (4 meses) y por falsear documentos mercantiles y públicos (tres meses por cada uno de estos dos delitos).

Paralelamente, los magistrados que componen la sección algecireña de la Audiencia también decidieron condenar a E. A. H. al pago de las costas del proceso judicial y a indemnizar a dos afectados con un importe total de 45.000 euros.

El juicio arrancó pasadas las 11:00 horas de ayer, pero apenas duró unos minutos. Puesto que, como las partes habían alcanzado un acuerdo previo, el tribunal dictó sentencia de conformidad tras escuchar las modificaciones propuestas en la petición de las penas. El acusado llegó a la sala esposado y custodiado por dos agentes de Cuerpo Nacional de Policía. El hombre oyó las solicitudes de condena del Ministerio Fiscal y de la acusación particular; y, posteriormente, aceptó la sentencia. Una postura que ratificó inmediatamente el abogado de la defensa, quien rehusó recurrir el fallo judicial.

De esta forma, no tuvieron ayer que declarar los cinco testigos citados en la Audiencia Provincial para la causa. Entre estos se encontraban los dos afectados que recibirán una indemnización: 5.000 euros y 40.000 euros respectivamente. Uno de ellos se había personado en el proceso judicial como acusación particular. La sala fundamentará ahora la sentencia dictada ayer y la notificará posteriormente a todas las partes implicadas.

El uso fraudulento de este tipo de instrumentos bancarios resulta habitual. Hace apenas dos meses, la Guardia Civil detuvo en Tarifa a una persona por supuestamente cobrar dos veces el importe de un billete de ferry con cargo a tarjetas de crédito. La totalidad de los afectados eran compradores de los países del norte de Europa.