EL Ministerio de Agricultura ha publicado la relación de beneficiarios de las ayudas a la liquidez del sector lácteo (minimis) y, oh, sorpresa, ni un solo ganadero andaluz recibirá ese apoyo. Los 20 millones de euros que el Ministerio va a destinar a esta medida se repartirán entre casi 6.900 ganaderos españoles, de los cuales 5.756 son gallegos, 480 cántabros, 277 asturianos, 259 castellanoleoneses, 66 catalanes, 20 vascos, 11 aragoneses, 9 castellano manchegos, 2 navarros, 1 extremeño y 1 madrileño. Ningún andaluz, a pesar de que nuestros productores han hecho un gran esfuerzo para modernizar sus explotaciones, que les permite producir más y mejor: una leche reconocida por su alta calidad y seguridad alimentaria. Esta leche es mejor valorada en el mercado, y recibe un precio más alto que en otras comunidades. Pero de ahí no se deduce que la rentabilidad sea mayor, porque ese trabajo por la calidad implica mayor coste, por la fuerte inversion realizadas para conseguir un resultado óptimo. Por eso, es injusto que se les penalice.

Lo que ha hecho el departamento que dirige García Tejerina ha sido obviar los costes de producción como criterio a la hora de establecer los umbrales para el cobro de las ayudas, y ha fijado un límite lineal que deja fuera a los andaluces. Hay dos niveles de ayuda, uno de 300 euros por vaca, que se pagará a quienes hayan vendido el litro de leche por debajo de 0,259 euros, y otro de 110 euros por vaca a quienes hayan vendido por debajo de 0,285 euros. Con esos datos, Andalucía queda fuera.

Pero vincular la concesión de la ayuda sólo al precio de venta (un precio que además es impuesto y en el que los ganaderos no pueden influir), sin tener en cuenta los costes de producción ni los niveles de inversión y amortización responde más a un criterio político que técnico. ¿Por qué no se ha hecho una evaluación real de los rendimientos netos? ¿Cómo se puede determinar el nivel de renta si no se tienen en cuenta los costes de producción? Un ganadero andaluz puede vender más cara su leche y, sin embargo, tener más pérdidas que uno de otra comunidad con otro modelo, más extensivo, con menores costes y menos productivo. ¿Se merece un castigo el que trabaja por mejorar, el que busca la calidad? Esto nos mueve a pensar que el criterio para la concesión de ayudas no ha sido técnico, sino político.

Tampoco las ayudas son la solución a los problemas del sector, porque esta situación de crisis sólo puede resolverse con un precio en origen que cubra los costes de producción. COAG ya había denunciado que con la eliminación del sistema de cuotas lácteas los ganaderos quedarían a merced de las industrias y presionados por las importaciones de leche desde los países del centro y norte de Europa donde los costes de producción son más reducidos. Y ha exigido medidas de regulación de mercado.

Ésa fue una de las principales causas por la que COAG no suscribió el acuerdo lácteo auspiciado por el Ministerio, y que sí firmaron las industrias y la distribución. El acuerdo ni se plantea hablar de precios en función de costes de producción. Pero además tampoco fija sanciones por incumplimiento de los compromisos adoptados por parte de cada uno de los firmantes, por lo que el documento se convierte en papel mojado, una excusa para hacerse una foto y poco más.

Mientras, la viabilidad de las explotaciones lácteas andaluzas se encuentra seriamente comprometida y, con ella, la posibilidad de los consumidores de acceder a la leche de gran calidad que se produce en nuestra comunidad. Actualmente, contamos con 600 explotaciones lácteas, que el año pasado entregaron 500 millones de litros, pero aún así seguimos necesitando traer leche para cubrir la demanda. Nuestro sector lácteo puede crecer. Pero para que el sistema sea sostenible, hace falta un precio digno, que tenga en cuenta los costes de producción. Si el gobierno francés puede reunir a productores, industria y distribución y hablar de precios, ¿por qué no España?

De ese modo, se configuraría un precio que cubra los costes de la industria, los de la distribución, el trabajo del ganadero y el producto. Con un beneficio más repartido todo el mundo gana.

Aquí lo que hay de fondo es una guerra comercial, motivada por intereses bastardos y especulativos, de una gran distribución europea que quiere quedarse con el sector, desmantelar el tejido productivo en España para colocar sus excedentes procedentes de otros países europeos. Esto nos conduciría a una situación de dependencia inaceptable, ya que hablamos de un producto básico y por tanto estratégico para nuestra alimentación.