EN las últimas décadas en España las relaciones entre productores y distribución son como una selva donde el grande, más fuerte, se come al pequeño. Los eslabones más débiles de la cadena, productores y consumidores, se ven sometidos a una gran distribución que ostenta una clara posición de dominio.

Ambos extremos de la cadena, productores y consumidores, llevamos años trabajando de manera conjunta para combatir este desequilibrio, y lo hemos denunciado celebrando varias ediciones del Mercado Transparente o con el Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) que se ha convertido en un referente a la hora de abordar el diferencial entre el campo y la mesa (un diferencial que, por cierto, supera el 450% en la serie histórica). 

En enero del año pasado entró en vigor la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, que ha conseguido poner un poco de orden y ha traído avances como la obligatoriedad de formalizar por escrito un contrato entre vendedor y comprador en el que se especifiquen el tipo de producto, los kilos, las características y el precio, además de prohibir la modificación unilateral de dichos contratos, la manipulación de subastas y sancionar el incumplimiento de plazos de pago.

No obstante, la ley no garantiza que el precio acordado entre productor y distribución cubra los costes de producción e incluya la legítima plusvalía para el agricultor. Además, queda fuera de la norma, y es la gran ausencia, la prohibición de prácticas comerciales abusivas como el uso de productos reclamo o la venta a pérdidas. 

Valoramos el avance realizado desde el Ministerio aunque, evidentemente, queda mucho camino por recorrer. 

Mientras tanto, en Andalucía, tenemos un Estatuto de Autonomía que nos dota de competencias exclusivas en materia de agricultura, ganadería y desarrollo rural, así como en comercio y en consumo, lo que nos deja un amplio margen para el desarrollo de la ley estatal y conseguir así la máxima transparencia y el óptimo funcionamiento de la cadena agroalimentaria. 

Desde COAG planteamos en campaña a los distintos partidos políticos, como ya hicimos en las anteriores elecciones, la necesidad de articular una Ley Agraria de Andalucía, en la que se englobaran una serie de objetivos para contribuir a modernizar y desarrollar de forma integral nuestro medio rural. Esta idea ya se abordó de hecho en el anterior gobierno. El planteamiento quedó recogido en el programa electoral del PSOE, partido que ostenta el gobierno, y es una de las leyes importantes del acuerdo de investidura de la presidenta. 

En esta norma deben desarrollarse esas competencias de forma coordinada, para garantizar que las producciones andaluzas son debidamente identificadas y reconocidas por el consumidor, que ha de disponer de una información completa y veraz para poder elegir de forma consciente y responsable. De ese modo, también los agricultores y ganaderos se verán beneficiados, porque pueden competir con calidad en un mercado transparente, libre de guerras de precios y maniobras especulativas. 

Esa labor coordinada ha de conllevar el establecimiento de herramientas de trabajo y mecanismos de control, para garantizar en todo momento el cumplimiento de los objetivos, especialmente buscar el equilibrio de la cadena alimentaria y combatir el fraude. 

La ley tiene que garantizar, por ejemplo, que los productos andaluces no se usen como reclamo, como gancho comercial, banalizando su imagen y tirando por tierra el esfuerzo por la calidad que han realizado los agricultores y ganaderos andaluces. 

Lo hemos denunciado en el caso del aceite de oliva, producto estrella que además de utilizarse como reclamo, a veces se etiqueta mal, de manera que no hay coincidencia entre el contenido y lo que dice la etiqueta, con lo que el consumidor difícilmente puede disfrutar de la calidad de este producto emblemático. Lo hemos denunciado con las aceitunas de Egipto que algunos pretenden hacer pasar por nuestra gordal sevillana. Y con las sandías de Senegal, que se etiquetan como origen Almería. 

Todo esto tiene consecuencias para productores y consumidores: se pierde renta en el campo y se pierde empleo, se pierde valor añadido con la estrategia de imponer el producto genérico por parte de la gran distribución y se aleja la posibilidad de disfrutar de alimentos sanos y de calidad, que se producen en nuestro entorno y que llegan a nosotros en óptimas condiciones de maduración y sabor. 

Lo hemos comprobado con las patatas viejas que vienen de Francia, se lavan y embolsan en Andalucía y se venden como producto autóctono de temporada. La diferencia se ve a la hora de freír, pero ya es tarde. El ciudadano tiene que mirar detenidamente el envase para que no le engañen. En este caso, además, las consecuencias ya se miden en datos: en seis años, se ha producido una reducción del 26% de la superficie de siembra y una caída del 12% del consumo a nivel nacional. 

 Todo esto supone tirar por tierra el esfuerzo de los productores y un trabajo que nos ha llevado al liderazgo nacional en figuras de calidad y a que nuestros productos agrarios sean sinónimo de excelencia. 

Andalucía tiene que abanderar esta batalla por la transparencia en la cadena agroalimentaria. Porque nos jugamos mucho. Tenemos las herramientas y a un nuevo gobierno andaluz, con una Consejera de Agricultura que deberá enfrentarse a numerosos retos. Y el que aquí le planteamos no es el menor.