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El 'ofertómetro', un arma contra la venta a pérdidas

  • La Agencia de Información y Control Alimentario investiga las ofertas de leche y aceite que hace la gran distribución en folletos y web.

La Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) ha empezado a coger por los cuernos algunos de los toros que embisten a los productores con los pitones de la gran distribución: la venta a pérdidas, los incumplimientos de los plazos de pago y los contratos a resultas o sin precio definido.

La venta a pérdidas afecta principalmente al aceite y la leche y contra ella el Gobierno ha lanzado el ofertómetro, una campaña de vigilancia -con una alerta que detecta las ofertas en web y folletos- que lleva a cabo la AICA junto a la Dirección General de Industria y que ya tiene en su haber 157 inspecciones, 57 de ellas de aceites, de los que 48 han resultado en denuncias.

En cuanto a los incumplimientos de plazos y de contratos es el sector de frutas y hortalizas el que se lleva la palma y sobre el que se han realizado ya más de 1.750 inspecciones en las que se ha constatado que pocos pagan cuando deben, una infracción que puede costarles hasta 100.000 euros.

En el caso del ofertómetro el modo de actuación comienza con la detección por parte de la Dirección General de Industria de "ofertas por debajo del precio habitual" que traslada a la AICA cuyos inspectores -según ha explicado a este diario el director de la Agencia, José Miguel Herrero- se dirigen al establecimiento en cuestión y compran el producto guardando el ticket de venta. Y a partir de ahí comienza una investigación en la que, por una parte, se documentan las condiciones en que se ha comprado el aceite o la leche y por otra se mandan a analizar muestras por si hubiera otros problemas de calidad. Herrero señala que ellos contemplan cinco posibles causas que podrían estar detrás de esos bajos precios: la primera, que han conseguido comprar el producto barato y eso se tiene que documentar en los contratos; la segunda, que el producto está próximo a la fecha de caducidad y en este caso está permitido bajar el precio; la tercera es que efectivamente hay una relación abusiva entre las partes; la cuarta es que hay una venta a pérdidas por motivos comerciales; y la quinta que se vende a bajo precio por problemas de calidad respecto al etiquetado, lo que también es punible.

Si la AICA considera que puede haber una venta a pérdidas, remite el expediente a la autoridad competente (comunidad autónoma) para que actúe en consecuencia; si lo que deduce es la existencia de un abuso, la propia Agencia inicia un expediente. La iniciativa ha sido muy bien acogida en el sector productor. Por ejemplo, desde Asaja Córdoba afirman que "tanto la leche como el aceite de oliva son productos que habitualmente se utilizan en las cadenas de distribución como productos reclamo, para atraer a los consumidores y que todas las medidas que se hagan para poner fin a estos abusos que terminan perjudicando al agricultor o ganadero nos parecen estupendas".

José Miguel Herrero, director de la AICA explica que los objetivos directos de los planes de control que tiene en marcha la Agencia son "constatar que hay contratos escritos, que se cumplen los plazos de pago que son de 30 días para los productos frescos y de 60 para los no frescos, y que hay buenas prácticas comerciales". Y justamente dentro de esas malas prácticas entra la vigilancia de la venta a pérdidas aunque no sancionen directamente sino que lo transmiten a las autonomías.

Este es el caso del ofertómetro, pero también de las inspecciones que realiza la Agencia en respuesta a denuncias o bien de oficio y muchas de las cuales han resultado en casos de "venta a pérdidas".

En cuanto a las denuncias que les llegan, José Miguel Herrero explica que en este tiempo, han recibido 69 de las cuales, la mayoría afectaban al sector lácteo -un total de 36- mientras que ocho eran referentes al sector del aceite. Asimismo de estas 69 denuncias 38 han sido por venta a pérdidas. El protocolo que sigue la Agencia ante un caso de venta a pérdidas es investigar si además de se dan otras infracciones que sí sean competencia suya: en concreto, la AICA, cuando recibe esta denuncia se dirige al denunciado y comprueba que hay contratos, que estos son escritos, que figura el precio y que se ha pagado en el plazo correcto. Según los resultados, o actúa directamente o envía el asunto a la comunidad en la que se haya producido el hecho. En cualquier caso, Herrero explica que la mayor parte de las veces la denuncia se cursa en todas las comunidades porque la distribución suele vender en todo en territorio nacional con las mismas ofertas. Luego las autonomías actúan o no, "según cada una".

Según José Miguel Herrero las más combativas y que más actúan contra estas prácticas son Cantabria, Cataluña y Murcia. Respecto a Andalucía no tiene constancia de que haya sancionado o actuado en los casos que se le ha remitido, que han sido -según dice- como mínimo diez. Sobre esta diferencia de comportamiento entre unas comunidades y otras, José Miguel Herrero sólo comenta que "reciben todas la misma información luego no hay excusa para que unas actúen y acaben sancionando y otras no".

Sobre el resultado de estas denuncias en Andalucía, en la Consejería de Turismo y Comercio, que tiene las competencias, no informa de haber impuesto ninguna sanción y dice que sólo están investigando algunas denuncias efectuadas por UPA aunque no detallan ni cuántas ni dónde.

 

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