LA pérdida de las competencias sobre el río Guadalquivir por la sentencia del Tribunal Constitucional hace dos años ha vuelto a poner al descubierto la "lejanía, la inoperancia y el sectarismo" del órgano de Cuenca, que se aleja cada vez más de la realidad existente en el mundo del regadío andaluz. Una sentencia que echó por tierra las aspiraciones de buena parte de los regantes, que vieron cómo los procesos de regularización y consolidación de los regadíos impulsados por la Junta de Andalucía en el corto periodo de tiempo que tuvo las competencias de gestión del río, no se culminan. Todo lo contrario, una vez que el Estado recupera las competencias, esos procesos siguen en los cajones, paralizados.

Los regantes andaluces necesitamos que, definitivamente, se culminen los procesos abiertos, a modo de ejemplo, en el acuífero de La Loma de Úbeda; la revisión de las concesiones de agua invernales de olivar, en la provincia de Jaén; los riegos del río Guadajoz, en Córdoba; los cultivos de aceituna de mesa de la zona de Pilas-Villamanrique de la Condesa-Alcarrazas; y la zona arrocera de Sevilla, así como los miles de expedientes de concesiones de pozos o de aguas superficiales que no terminan de ver la luz.

La respuesta del organismo de Cuenca ante esta parálisis de los procesos de regularización y consolidación no es reactivar los expedientes, sino todo lo contrario, activar la Policía del agua de forma desmesurada, sancionando a diestro y siniestro, con multas de un millón de euros, e incluso incoando expedientes con la astronómica cifra de casi dos millones de euros. Unas cantidades desorbitadas que pueden llevar, de no atajarse rápidamente, al cierre de comunidades de regantes.

Necesitamos recuperar el sentido común, convertir realmente el recurso agua en un recurso público, como dicta la propia Ley de Aguas, en favor del interés general, favoreciendo el desarrollo económico y el empleo en nuestra tierra. No es posible mantener situaciones de privilegio de intereses generados hace más de 50 años, con dotaciones de agua absolutamente desproporcionadas, por mucha legalidad que tengan. A modo de ejemplo, podemos comprobar los extremos que se producen en las dos realidades existentes en Andalucía. No es posible mantener por más tiempo la situación de la zona arrocera de Sevilla, que por no ejecutar definitivamente un plan de modernización para el cultivo del arroz se pierden anualmente más de 100 hectómetros cúbicos de agua. Los mismos que nos faltan en la provincia de Almería para garantizar la enorme aportación que su industria agroalimentaria aporta, en términos de empleo y de PIB, a nuestra Comunidad Autónoma.

Hay que plantearse que, al igual que Andalucía se ha ido conectando a través de autovías y de otras infraestructuras, también se tiene que llevar el agua a todos sus territorios para favorecer nuestro desarrollo económico. De ahí la necesidad de poner en marcha los Bancos Públicos del Agua que recoge la Ley de Aguas de Andalucía y que fueron fruto de consenso en el Acuerdo Andaluz por el Agua.

Estamos en el siglo XXI, y por lo tanto tenemos que dar respuesta a los retos planteados en nuestro tiempo. Abrir la participación a todos los regantes es algo imprescindible para avanzar en una mejor gestión del recurso agua. No puede repetirse el hecho de que, por no haber funcionado la participación, el Plan Hidrológico del Guadalquivir, elaborado por el organismo de Cuenca de espaldas a buena parte de los regantes y a las propias competencias de la Junta de Andalucía que le otorga su Estatuto, haya terminado recurrido ante el Tribunal Supremo, por UPA, por una parte de los regantes y por la propia Junta. Hace falta una reflexión en el sentido de que ha fallado la participación, se nos ha excluido por el sectarismo ejercido en esta última parte de la negociación del Plan, excluyendo a una parte de los regantes y a la propia Junta, lo que ha terminado con el documento en los tribunales.

Es posible, con la Constitución en la mano, que Andalucía recupere las competencias de la gestión del Guadalquivir, incluso que la Comunidad Autónoma y el Estado compartan la política hidráulica. Para nada afecta buscar una nueva vía que permita esa recuperación de las competencias, por lo que hay que poner a trabajar la política. Reclamamos un acuerdo entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de España. No hay excusas. Basta solo un ejemplo para ver que todo es posible: Cómo la Comunidad Autónoma del País Vasco comparte con el Estado la gestión y planificación de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental. Por si alguien tiene dudas, puede comprobarlo en el Real Decreto 400/2013, de 7 junio de 2013, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la parte española del Cantábrico Oriental, y publicado en el BOE, donde podrán ver perfectamente cómo este plan fue negociado, consensuado y aprobado por el Estado y el País Vasco.

Por último, permítanme señores diputados y diputadas del Parlamento de Andalucía dirigirme directamente a ustedes. Hagan efectivo lo que aprobaron en septiembre de 2011, tras la pérdida de las competencias, y reclamen nuevamente las competencias sobre las aguas del río Guadalquivir que transcurren por Andalucía, puesto que ustedes son la voz más autorizada de los regantes andaluces.