la prestación de los servicios públicos

La trampa de 'remunicipalizar'

  • Los procesos para eliminar la colaboración público-privada por motivos ideológicos merman la eficiencia, la capacidad inversora para mejorar los servicios y crean inestabilidad laboral

Trabajadores de la empresa mixta de limpieza de Málaga, Limasa. Trabajadores de la empresa mixta de limpieza de Málaga, Limasa.

Trabajadores de la empresa mixta de limpieza de Málaga, Limasa. / Javier Albiñana

Comentarios 3

La Gran Recesión vivida en la economía desde 2008 a 2013 provocó que gobiernos de todo signo acometieran recortes en el gasto de los servicios públicos. Ello generó un sentimiento de desencanto e indignación en amplios sectores de la ciudadanía que fue aprovechado por opciones populistas, en su mayoría con ideología de izquierda, para intentar llenar sus bolsas de votantes. En España, desde las elecciones municipales de 2015 (y autonómicas en las comunidades que accedieron al autogobierno por la vía del artículo 143 de la Constitución), algunas de estas opciones políticas consiguieron llegar a distintos gobiernos, algunos tan significativos como las alcaldías de Madrid y Barcelona o la de Cádiz en Andalucía. En otros lugares apoyaron a partidos como el PSOE.

Desde estas instituciones, los populistas han resucitado un debate sobre el modelo de gestión utilizado para la prestación de servicios básicos. Este planteamiento pasa por defender que la internalización -el proceso de revertir la externalización acometida mediante concesiones a empresas privadas o empresas mixtas- mejoraría la calidad de la prestación y abarataría los costes. Es lo que llaman remunicipalización, una denominación que incurre en un error de base, porque no puede volver a ser municipal lo que nunca dejó de serlo: los servicios que se prestan con alguna fórmula de colaboración con la iniciativa privada nunca han perdido la titularidad pública. Otra cosa es municipalizar, término sí reconocido, que se aplica a cambiar de modelo de gestión indirecta a un modelo de gestión directa, prestado por la propia Administración o por entes jurídicos que son íntegramente públicos.

En España hay una larga y exitosa experiencia de cooperación del ámbito privado en la gestión

Esas opciones insisten en defender que los servicios deben ser prestados exclusivamente desde lo público. Aplican una política en línea con la definición clásica de populismo: dar soluciones aparentemente simples a problemas notablemente complejos. Las internalizaciones que se están promoviendo provocan dificultades y pérdidas para los factores que los expertos en economía señalan como primordiales para la mejor prestación de los servicios: gestión eficiente, aprovechamiento de las ventajas de la economía de escala y aumento de la capacidad para invertir e innovar en las infraestructuras y procesos.

Frente a la intención de esos gobiernos de revertir todos los servicios -limpieza viaria, recogida y tratamiento de residuos, abastecimiento y depuración del agua, cuidado de jardines, regulación del tráfico, mantenimiento del alumbrado, aparcamientos colectivos, políticas sociales, por citar algunos de los más comunes- a la gestión directa, organizaciones como el Banco Mundial abogan por incidir en la colaboración público-privada, porque logran "atraer financiación y mejorar la prestación de los servicios".

La experiencia de externalizar servicios en España es muy amplia y ha dado buenos frutos, especialmente en las últimos décadas del siglo pasado y la primera de éste, cuando las administraciones apostaron por incrementar esta colaboraciones con entidades privadas.

Si se toma como ejemplo un servicio exclusivamente de titularidad pública y de carácter básico, el abastecimiento de agua potable, en España hay desde el siglo XIX experiencias tanto de gestión directa como de indirecta, algunas de ellas de capital extranjero que llegó a nuestro país para invertir y explotar la prestación de los servicios. Ejemplos de uno y otro son el Canal de Isabel II en Madrid o Aguas de Barcelona. Ambos modelos son válidos y eficientes, como sostiene Ramiro Aurín -ingeniero de caminos y consultor internacional en ingeniería-, que pide no perder las ventajas que proporciona la cooperación público-privada.

El sector concesional en España ha dado lugar a múltiples empresas, algunas de ellas multinacionales, que han exportado a otros países el conocimiento y la experiencia adquiridas.

Entre las ventajas de concesionar, el catedrático de Economía Aplicada Ramón Tamames defiende la capacidad de tener "gestores más eficientes que lo esperable de la Administración pública directa" que nunca pierde la capacidad "de retirar la concesión" si se merma la calidad de esa gestión. Ello sirve de mayor "estímulo" que cuando se hace directamente desde instancias administrativas, según afirma como coautor del libro Re municipalización ¿ciudades sin futuro?, recientemente publicado a instancias del Observatorio de los Servicios Públicos (Osur) por la editorial Profit.

Internalizar los servicios pone en riesgo algunas de esas ventajas y crea, además, problemas de índole económico y laboral.

En una realidad económica en la que el gasto público está restringido por ley para no incurrir en déficit, la capacidad de inversión en infraestructura de las administraciones se reduce. Sin embargo, con los cánones que reciben de las empresas concesionarias, sean privadas o mixtas, se generan ingresos que deben servir para acometer esas inversiones, aunque la ausencia de regulación estatal ha permitido a muchos ayuntamientos usarlos a su conveniencia. También disminuye la capacidad de compra y gestión, porque si media colaboración con empresas privadas, la economía de escala permite adquirir más y mejor maquinaria o rebajar los costes de gestión porque los servicios centralizados de las compañías atienden al mismo tiempo a muchas administraciones. Lo mismo pasa con la capacidad para innovar. La cooperación público-privada ha permitido lograr patentes que difícilmente se habrían materializado desde el ámbito exclusivamente público.

Hay servicios, como el abastecimiento y saneamiento de agua, que tienen necesidad de invertir en las redes con las que se prestan, "porque más de un tercio tienen más de 40 años de antigüedad", como señala Pedro Rodríguez, presidente de Asociación de Aguas y Saneamiento de Andalucía, y quien tiene a su cargo una empresa de capital público, como Aljarafesa.

Municipalizar crea también serios problemas laborales. Los empleados de las concesionarias o empresas mixtas ven en peligro su estabilidad ya que no pueden pasar directamente a estructuras de tipo público que exigen cumplir principios de libre concurrencia, mérito y capacidad, como recuerda el ex ministro socialista Valeriano Gómez, directivo de Osur, y corrobora Gustavo Vargas, responsable estatal de FICA-UGT, quien señala que los empleados quedan en un "limbo jurídico al pasar de una concesionaria a una empresa pública". Ante esos problemas su sindicato y otros, como CCOO, no apoyan estos procesos bautizados como remunicipalizadoras, por las repercusiones negativas que pueden tener en el mantenimiento de los puestos de trabajo.

Los servicios se prestan en España bajo modelos de gestión directa e indirecta con eficiencia. Revertir la externalización sólo por motivos ideológicos puede conllevar problemas no previstos en el discurso de quienes la defienden. Al final tendrán que hacer frente al hecho de que remunicipalizar restará eficiencia, mermará la capacidad de invertir e innovar y generará problemas laborales a miles de trabajadores.

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios