Los sindicatos abordan con la Junta la fórmula para computar 37,5 horas

  • Montero convoca a CCOO, UGT y CSIF para acordar un modelo que cumpla con el mandato del TC, que falló en contra de la Junta

María Jesús Montero conversa con el ministro Cristóbal Montoro. En primer término, Soraya Sáenz de Santamaría. María Jesús Montero conversa con el ministro Cristóbal Montoro. En primer término, Soraya Sáenz de Santamaría.

María Jesús Montero conversa con el ministro Cristóbal Montoro. En primer término, Soraya Sáenz de Santamaría. / josé ramón ladra

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El Gobierno andaluz y los sindicatos buscan una salida al laberinto creado con el fallo del Tribunal Constitucional (TC), que tumbó la jornada semanal de 35 horas para los trabajadores de la Junta de Andalucía. La Consejería de Hacienda y Administración Pública persigue que los representantes de los trabajadores públicos en la Mesa General de Negociación Común del personal funcionario, estatutario y laboral -CCOO, UGT y CSIF- respalden la fórmula que haga posible computar las 37,5 que mandata el TC.

El departamento que dirige María Jesús Montero propone que a las 35 horas del modelo autonómico se sumen tareas y actividades que los empleados públicos de la Administración autonómica "ya venían desarrollando fuera de su puesto de trabajo, en el ámbito doméstico, para mejorar la calidad de los servicios". De esta forma se llegará a las 37,5 horas. Montero ha convocado hoy a las centrales sindicales para consensuar este sistema.

La propuesta inicial parece contar, al menos en principio, con el apoyo de CCOO y UGT. El primero de estos sindicatos considera que los empleados públicos "realizan además acciones de preparación de tareas fuera de la jornada laboral", de forma que se muestra partidario de la propuesta de que la jornada presencial siga siendo de 35 horas y que se consideren una serie de horas donde se sigue trabajando. "Queremos que se reconozca ese trabajo no presencial, que supondría llegar a las 37,5 horas. De hecho ahora mismo echan más de 38 horas de dedicación estos empleados públicos, y voluntariamente". Para CCOO, la fórmula "es factible y se aplica dentro de España en más lugares". Por su parte, UGT recuerda que "ya hay algunas comunidades que lo vienen haciendo desde hace tiempo, como Castilla-La Mancha o Valencia", por lo que "puede ser factible".

CSIF-A esgrime que la vuelta en enero a la jornada de 35 horas en el sector público "ha provocado la contratación de más de 8.000 personas en la Función Pública, ayudando a luchar contra la temporalidad y la precariedad en la Administración y a recuperar los indicadores socioeconómicos andaluces gracias a la estimulación del consumo. Esta noticia es un nuevo varapalo para los empleados públicos andaluces, pero también para Andalucía y para los ciudadanos.

La Junta quiere mantener las 35 horas semanales de carácter presencial en el puesto de trabajo. La consejera no cree que haya ningún problema de cobertura legal con esta medida, y recordó que "la organización de la jornada es competencia plena y exclusiva de la Junta", por lo que no espera que el Gobierno recurra esa nueva medida "aunque otra cosa es que el Gobierno de España esté empeñado en confrontar con el Gobierno andaluz. Eso sería absolutamente incoherente". Montero puso el viernes pasado como ejemplo actividades como "tareas preparatorias de casos clínicos, tareas preparatorias de clases, tareas relativas a profundizar en la nueva Ley de Contratación del Estado, o cuando se descargan vídeos para mejorar su actividad, miran bibliografía, estudian, investigan o preparan el trabajo y organizan la jornada", esto es, "todo aquello necesario, que se desarrolla habitualmente fuera del puesto por el empleado público y que sirve para mejorar la calidad de los servicios. Y queremos que compute como jornada".

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