Cómo se puntúa a un dependiente

  • Trabajadores sociales de la Junta evalúan el grado de dependencia de un discapacitado para conceder las ayudas reconocidas por la ley · Determinan la conveniencia de una paga o un servicio asistencial

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Antonio se sorprende ante la presencia de extraños en casa. No se separa de su libro, que tiene los picos mordidos, y a veces se acerca a interrogar, en su idioma, a los circunstanciales moradores. Antonio tiene 56 años y nació con síndrome de Down. Antonio apenas sale de casa, sólo para ir al médico y vive con su hermana, Carmen.

Tiene visita. Noelia Moral va a valorar su grado de dependencia para comprobar si se puede acoger a las prestaciones de la ley. La trabajadora social hace al día desde cuatro entrevistas, si la jornada es sólo matinal, a siete, si es turno completo. En su ordenador portátil va a cumplimentar un cuestionario para analizar cómo se desenvuelve Antonio en las actividades de la vida diaria.

¿A la hora de comer y beber? La comida tiene que estar troceada o triturada y la bebida a veces se le atora. ¿No tiene iniciativa? "Si no estoy yo con él, no comería", asegura Carmen. Antonio lo que no perdona es el café a las cinco de la tarde. "Y una cuña, son sus preferidas", agrega Rosa, hija de Carmen, que ya no vive en el domicilio familiar pero que ayuda en cuanto puede a su madre, la cuidadora "oficial" de su tío. "Y a veces una cervecita", ríe Rosa. "Ya no, eso era antes", repara Carmen, mientras Antonio parece calmarse y recibe regañinas por poner los pies en el sillón.

¿Y para la higiene diaria?, pregunta la valoradora. "Él no hace nada". Otro hijo de Carmen viene a ayudarla para afeitarlo y bañarlo. La mujer lleva toda la vida con su hermano y ha creado "costumbres" para atender a Antonio. Pero los achaques de salud se lo hacen cada día más difícil. Carmen está perdiendo visión y también ella va a solicitar acogerse a las prestaciones de la ley.

"Antes era distinto, hacía algunas cosas solo, pero ya está muy mayor, e incluso deteriorado, antes estaba más gordito", lamenta Carmen, que pregunta a la invitada si ha visto a personas con esa enfermedad y a esa edad.

"Hay de todos los casos", responde Noelia, que reconoce que, si le dicen que Antonio tiene 40 años, se lo cree. Por ellos no pasa la edad, en apariencia, pero su corazón es más débil, dice Rosa. Antonio tiene diabetes y no quiere ver una aguja ni de lejos, ni para saber su azúcar ni en las analíticas cuando acude a un centro de salud. Tampoco le gustan los cortaúñas.

¿Le ha agredido, -corrige Noelia-, le ha dado un manotazo alguna vez? "No es violento, es nervioso". Por la noche, Antonio toma unas pastillas para dormir, pero no le gusta la cama, a veces ríe a carcajadas, con voz bronca, y pone nerviosa a Carmen, que suele alargar la estancia en la salita hasta que el sueño la vence para que su hermano, que ahora se ha dormido, esté menos tiempo solo en su cuarto.

Ella también es mayor y está muy cansada. Con su hija, formuló la solicitud para que evaluaran a Antonio el 1 de junio, pero al pertenecer a una compañía de seguros privada, la visita ha tardado mucho más de los tres meses que establece la ley como límite, apunta Noelia.

El cuestionario continúa. ¿Pide ayuda si se queda solo? "Bajo muy poco a la calle, pero sé que, si lo dejo solo, no va a romper nada, está con sus cosas a lo suyo".

Antonio se despierta tras la cabezadita. Tras casi una hora de cuestionario, Noelia solicita ver el cuarto del valorado y los aseos del domicilio, un piso de unos 95 metros cuadrados en una zona acomodada de la capital hispalense.

La visita concluye. El resultado final se calculará tras introducir todos los datos y acompañarlos con un informe de salud. La trabajadora social informa a Carmen de que en las próximas semanas llegará al domicilio la resolución con el grado de valoración de su hermano. A partir de ahí, puede aceptar o recurrir. Si se muestra conforme, recibirá la ayuda que determinen los servicios sociales o una paga. En la actualidad recibe unos 500 euros, por orfandad.

En virtud de la norma, los ciudadanos que se beneficien de la ley recibirán servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio -entre 70 y 90 horas mensuales en los casos más graves-, plaza en un centro de día o de noche o atención residencial.

En el caso de que no pueda ofrecerse este tipo de servicios, por ausencia de infraestructuras, el Estado garantiza una serie de prestaciones económicas: ayudas de hasta 780 euros para adquirir el servicio en el mercado privado y para la contratación de una asistente personal.

Además, en los casos en que el beneficiario opte por ser atendido en su entorno familiar, el cuidador recibe una compensación de entre 340 y 487 euros mensuales, dependiendo del nivel de dependencia, a lo que suma el coste de la cotización a la Seguridad Social, 74 euros, que paga el Estado.

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