Los proveedores de servicios básicos que trabajen con la Junta en sanidad, educación, servicios sociales y justicia cobrarán sus facturas antes de que se cumplan 20 días desde que se acredite la realización del trabajo o la entrega de los bienes. Así lo establece el decreto aprobado ayer por el Consejo de Gobierno, que también incluye un compromiso de 45 días para determinadas subvenciones y que entrará en vigor dentro de dos meses si se cumplen las previsiones.

La norma, desarrollada por la Consejería de Hacienda y Administración Pública, pone en marcha un mecanismo de garantía que permitirá a los acreedores cobrar la deuda de una entidad financiera si la Junta no cumple con los plazos. El departamento que lidera María Jesús Montero sacará a licitación antes de fin de mes el contrato con los bancos que se encargarán de paliar los retrasos de la Administración autonómica.

El decreto también establece un plazo de 45 días para el pago de algunas subvenciones

El decreto contempla la creación de la Oficina de Atención a Personas Acreedoras, que será el ente encargado de gestionar los derechos que recoge el texto. Para ejercerlos, los interesados tendrán una web habilitada para comprobar el estado de su factura y, cumplido el plazo, reclamar el pago si no se ha producido. Los beneficarios de becas y subvenciones podrán hacer lo propio con el documento de resolución de las mismas.

Desde ese momento, la Administración tiene siete días hábiles para contestar. Si considera que procede el pago, dará la orden a la Tesorería para hacerlo efectivo. Si detecta incidencias que impidan el abono, estas tendrán que subsanarse antes de proceder al pago. La tercera opción es que la mencionada oficina acepte el abono, pero la Tesorería no disponga de fondos, por lo que emitirá un documento para que el afectado pueda cobrar en las mencionadas entidades bancaria sin coste alguno.

Desde que se anunció este decreto, en mayo del año pasado, la Junta ha reducido su periodo medio de pago desde los 26,21 días para dejarlo en 14. La consejera destacó que los trabajos encaminados a poner en marcha la nueva norma -que calificó de un ejemplo "imaginativo" de ingeniería financiera- han permitido reducir el pago a los proveedores. Montero mencionó además la posibilidad de incluir en el decreto a otros sectores, como las universidades públicas andaluzas, mediante convenios futuros.