El juicio de la operación Fénix contra el fraude en la joyería será en Córdoba

  • La actuación se inició a raíz de una investigación de la Agencia Tributaria en la provincia y en Barcelona, por lo que se planteó llevar el caso a la Audiencia Nacional

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El caso de la operación Fénix, que supuso la desarticulación de una trama organizada en el sector de la joyería desde la que se habría cometido un fraude fiscal en este sector, se instruirá finalmente en Córdoba, después de que se hubiera planteado la posibilidad de llevarlo a la Audiencia Nacional. Según informaron fuentes cercanas al caso, el proceso se encuentra "bastante estancado" en el Juzgado de Instrucción, "va muy lento, y aún quedan algunos imputados por prestar declaración".

La operación Fénix se inició a raíz de que la Inspección de Tributos de la Agencia Tributaria de Córdoba y Barcelona, que detectó numerosas irregularidades, por ello en principio se planteó llevar todo el proceso desde la Audiencia Nacional. Las investigaciones posteriores realizadas por la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal y por el Grupo de Crimen Organizado de la Policía de Córdoba y Barcelona dieron como resultado el descubrimiento de los responsables de las defraudaciones y la detención de los mismos.

En una primera fase, el 8 de noviembre de 2006, se detuvieron a un total de 22 personas, 14 en Córdoba, una en Málaga, otra en Jaén y seis en Barcelona. La sociedad principal, radicada en Barcelona, se dedicaba a importar desde Suiza oro fino, que vendía sin transformarlo a mayoristas y fabricantes de joyería, gran parte de ellos residentes en Andalucía.

La mercantil catalana, para dar satisfacción a sus clientes, que solicitaban que sus compras permanecieran ocultas, y ésta poder justificar a su vez sus ventas, creaba sociedades interpuestas a las que formalmente vendía el oro sin factura a sus clientes, siendo los fabricantes de joyería y mayoristas sus verdaderos destinatarios. Éstos últimos lo revendían posteriormente, también sin factura, a otros fabricantes.

Con la creación de estas sociedades fantasma, la empresa conseguía que los verdaderos destinatarios, los fabricantes de joyería, escapasen al control de Hacienda y que no tributasen por las ventas en la imposición indirecta -IVA-, ni por los beneficios en la imposición directa -IRPF o Impuesto de Sociedades. En el pasado mes de julio, la segunda parte de la operación se saldó con la detención de 32 joyeros en Córdoba, además de otros más de Cáceres, Sevilla y Málaga como presuntos miembros de una red que habría estafado a Hacienda una cantidad de 154 millones de euros.

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