El PSOE accedió ayer a la petición del PP de que la proposición de ley orgánica sobre la delegación de competencias del Guadalquivir se sostenga en un informe del Consejo Consultivo que garantice su legalidad. La aceptación de esta exigencia fue el único resultado destacable de la reunión que ayer mantuvieron en el Parlamento para abordar este y otros asuntos, y en la que también participaron IU y el Partido Andalucista, quienes no pusieron ninguna objeción. 

El paso por el Consultivo se había convertido en uno de los caballos de batalla del PP en contra de la iniciativa del PSOE, al entender que lo que se intentaba era esquivarlo. Los populares han estado defendiendo que era necesario porque evitaría problemas de legalidad y las dudas surgidas tras las sentencias del Tribunal Constitucional y el Supremo que anularon las competencias plenas de la Junta sobre el Guadalquivir. 

El PSOE hasta ahora no se había pronunciado, ya que la fórmula elegida para llevar el conflicto del río al Parlamento no era el proyecto de ley, que obliga a un informe previo del Consejo Consultivo, sino la proposición de ley, que no contempla este paso. Pero en aras de esa máxima de que la norma debe llegar con la unanimidad del Parlamento andaluz al Congreso de los Diputados, los socialistas han aceptado que cuente con el visto bueno de este órgano. Como resumió la secretaria de Organización del PSOE-A, Susana Díaz, será un "apoyo" para este debate porque generará "seguridad". 

Este gesto del PSOE aún no se sabe qué resultado dará en el pleno de la semana próxima en el que se debatirá la proposición de ley. Los populares aún no han decidido el sentido de su voto, pero lo que está claro es que la tramitación es larga y este es sólo el primer paso. A lo que sí darán todos un sí es a pedir a la Mesa del Parlamento que demande al Consultivo ese informe. 

Otras propuestas que se pusieron sobre la mesa en torno al Guadalquivir por parte de PP e IU es que en este debate se aborde el modelo de gestión del Guadalquivir, que consideran que necesita un "cambio radical", y que esta iniciativa legislativa, aparte de enviarse al Congreso, también se eleve al Gobierno de la nación, que aún tiene tiempo de aprobarlo antes de que se celebren las elecciones generales. Los dos partidos coinciden en que este asunto debería haberse resuelto por la vía rápida del proyecto de ley, intuyendo una maniobra dilatoria del PSOE para que sea el Ejecutivo resultante el 20 de noviembre el que se tenga que pronunciar.