Andalucía

Montoro estudiará la implantación de la semana laboral de 35 horas en 2018

  • El Gobierno anuncia una posible reducción para los empleados públicos en pleno conflicto con la Junta por su recurso al Constitucional

  • El PSOE aspira a que no haya suspensión cautelar

Reunión de la comisión de seguimiento de los acuerdos de la Conferencia de Presidentes, ayer en Madrid. Reunión de la comisión de seguimiento de los acuerdos de la Conferencia de Presidentes, ayer en Madrid.

Reunión de la comisión de seguimiento de los acuerdos de la Conferencia de Presidentes, ayer en Madrid. / emilio naranjo / efe

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El Gobierno central estudiará aplicar la semana laboral de 35 horas en el sector público el año que viene. Tres días después de anunciar un recurso al Tribunal Constitucional contra el decreto que permitió a la Junta devolver a sus trabajadores públicos las condiciones previas a la crisis, el Ejecutivo anunció ayer una medida similar. Fue el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, quien se refirió a esta propuesta y mencionó la posibilidad de incluirla en los Presupuestos Generales del Estado de 2018.

Lo hizo en la reunión de la comisión de seguimiento de la Conferencia de Presidentes, celebrada en Madrid, el mismo día que Luis de Guindos, ministro de Economía, recordó en Málaga a la Junta que "no hay ningún país de Europa" donde los funcionarios trabajen 35 horas. Sin embargo, si se atiende a la disposición de Bermúdez de Castro, España formará parte tarde o temprano de esa anomalía en materia de jornada laboral, aunque el propio secretario de Estado reconoció que la reducción a 35 horas dependerá de cada sector. Tampoco parece demasiado reticente el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que ayer trasladó en la mencionada reunión a Manuel Jiménez Barrios su voluntad de "evitar la conflictividad" con la Junta y la voluntad de explorar la aplicación de la semana de 35 horas en determinados sectores.

El vicepresidente de la Junta tiene claro que la buena disposición del Gobierno central debe traducirse en que no incluyan dentro del recurso al Alto Tribunal la suspensión cautelar de la reducción de jornada. Sí lo hizo cuando impugnó la decisión homóloga de la Junta de Castilla-La Mancha en 2016, pero la esperanza del Ejecutivo andaluz es que la estrategia cambie ahora, aunque el propio Jiménez Barrios lamentó que no haya recibido una explicación al excesivo tiempo que se ha tomado el Gobierno para recurrir un decreto autonómíco que el jueves cumple nueve meses en vigor.

Juan Cornejo tampoco se explica a qué se debe la tardanza del gabinete de Mariano Rajoy, pero sí lo intuye. "No puedo más que pensar mal", señaló el secretario de Organización del PSOE andaluz, que criticó que la decisión se haya tomado en julio "con la mitad de los trabajadores de vacaciones y la otra mitad esperándolas". Cornejo también se refirió a la incidencia que tendría una suspensión cautelar a la contratación pública -se estimaba una creación de 7.000 empleos con la aplicación de la medida- y a los problemas de planificación que podría provocar.

La Junta y el PSOE fían la desactivación del conflicto a que el Gobierno finalmente no pida al Constitucional que paralice el decreto. Por eso ayer fue Cornejo quien le pidió al líder del PP en Andalucía, Juanma Moreno, que haga "algo" para evitar la suspensión cautelar de la iniciativa autonómica. El presidente del PP andaluz no se pronunció ayer al respecto, pero sí lo hicieron su secretaria general, Dolores López, y el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz. Ni rastro de esfuerzos por evitar el conflicto. López acusó a Díaz de usar a los funcionarios como "rehenes para el electoralismo"; mientas que Sanz le afeó que haya buscado "la confrontación y mostró su voluntad de buscar un acuerdo pese al recurso.

El delegado del Gobierno enarboló la bandera de la "igualdad de todos los españoles" y aseguró que "no se puede tomar una iniciativa excluyente por parte de una comunidad". La propia consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, rechazó este argumento al asegurar que nunca hubo una jornada laboral homogénea en las distintas administraciones. Según explicó en un comunicado sólo Andalucía, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Madrid y País Vasco regularon la semana laboral de 35 horas.

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