Profesionales por la Ética acusa al PSOE de "legalizar" la eutanasia

  • Jiménez defiende el "escrupuloso" cumplimiento de la ley por la Junta

El caso de la anciana onubeense Ramona Estévez sirvió ayer de argumento a Profesionales por la Ética para alertar de que asociaciones pro eutanasia, en complicidad con los sectores "más radicales" del PSOE, pretenden la aceptación social de estas prácticas, "lograr su objetivo ideológico de convertir en legal la muerte", además de llegar a implantar normas autonómicas que la favorezcan, como ya han hecho Andalucía o Aragón, hasta que se apruebe una ley de rango nacional.

Desde esta premisa, consideraron el caso de Estévez "un triste proceso" en el que la Administración andaluza ha instado a un hospital de Huelva a dejar de alimentar a esta mujer que se encuentra en coma, accediendo a la voluntad de su hijo y amparándose en Ley de Muerte Digna andaluza.

La coordinadora del Área de Medicina de Profesionales por la Ética, la doctora María Alonso, argumentó que la normativa andaluza establece que toda persona tendrá derecho a rechazar por escrito una intervención propuesta por los profesionales sanitarios aunque dicho rechazo ponga en peligro su propia vida. "En casos como éste retirar la alimentación o la hidratación a una paciente en coma es contrario a la ética y a la deontología profesional porque con ello se provocará su muerte; el coma es una situación de vulnerabilidad de un paciente que precisa aporte de hidratación y nutrición, como un cuidado básico más. No es lo mismo un coma que una muerte cerebral, en la que el paciente está ya clínicamente muerto, con los órganos vitales mantenidos artificialmente", apuntó.

Frente a estas críticas y para responder a la denuncia de la Asociación Derecho a Vivir (DAV) contra la consejera de Salud andaluza, María Jesús Montero, el PSOE salió en defensa de la decisión adoptada en este caso. El portavoz del grupo socialista en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, aseguró que la Consejería cumplió "escrupulosamente la ley" en el caso de Estévez, de 91 años ingresada en el hospital Blanca Paloma de Huelva y a la que le fue retirada la sonda nasogástrica después de que la Junta mediara ante el personal médico, tras sufrir el 26 de julio un infarto cerebral irreversible.

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