Los alcaldes del PP perdieron ayer el primer pulso con el PSOE para evitar quedarse sin escaño autonómico. Presentaron un escrito ante la Mesa del Parlamento para que reconsiderara la admisión a trámite de la proposición de ley socialista por la que se aprobaría su exclusión y que ven inconstitucional, pero su iniciativa no llegó a buen puerto. Este órgano la desestimó. Ante la perspectiva de que su debate la próxima semana está perdido de antemano, debido a la mayoría absoluta que tiene el PSOE en la Cámara, a los populares sólo les quedará acudir a los tribunales.

Es en esta vía en la que confían, porque su principal argumento en contra de esta iniciativa es su "clara inconstitucionalidad", ya que consideran que vulnera el principio de igualdad en el acceso a los cargos públicos y para que fuera viable debería acometerse una reforma de la Constitución.

Pero esta razón no es la única. La que más mueve al PP en contra de esta medida es que ven un claro intento del PSOE de impedir que el éxito que tuvieron los alcaldes populares en los comicios municipales pueda trasladarse directamente al escrutinio de las elecciones autonómicas del próximo año. Una "revancha" que, según explicó su portavoz parlamentaria, Esperanza Oña, tendría un efecto inmediato: dejaría sin voz a los pueblos y ciudades, ya que apreció que son los alcaldes quienes canalizan sus reivindicaciones. De hecho, recordó que han sido los regidores del PP los parlamentarios que más iniciativas han presentado en esta legislatura.

Esta negativa de los populares contrasta con la de sus compañeros de Galicia. En esta comunidad, esta misma ley de incompatibilidad está en marcha, pero la diferencia es que allí se consensuó entre todos los partidos, como justificó Oña, algo que no parece que vaya a ser factible en Andalucía, a tenor de la actitud mostrada por los dos principales partidos.

Aunque este tira y afloja, antes de que llegue a pleno, llegará a la reunión tripartita que el PSOE ha convocado para mañana -también se verá la gestión del Guadalquivir y el escaño 110-, poco se puede hacer donde el PP ve una "imposición negativa" y el PSOE la "ambición sin límite" de los populares por acaparar cargos y retribuciones. O como lo explicó el portavoz parlamentario socialista, Mario Jiménez: "Queremos evitar los cospedales y las faltas de atención".

La negativa al escrito de los alcaldes-parlamentarios del PP provocó cierta tensión entre Oña y la presidenta de la Cámara, Fuensanta Coves, en la Junta de Portavoces en la que se comunicó la resolución. La portavoz popular achacó a Coves una actitud "anómala", de la que esta se defendió resaltando que la decisión se ajusta a un "respeto absoluto" al Reglamento. "Otra cosa es que la interpretación del PP sea distinta a la de los servicios jurídicos", subrayó.