La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que se dio a conocer el miércoles y que sorprendió con la condena a la Junta a indemnizar con 165,64 millones de euros al promotor del Centro Comercial Nevada Shopping, Tomás Olivo, por el tiempo de paralización de obras, generó ayer las reacciones esperadas por los distintos partidos políticos y protagonistas.

La parte afectada, la Junta de Andalucía, negó ayer responsabilidad política por la indemnización. La delegada del Gobierno en Granada, Sandra García, reconoció ayer la sorpresa con la que la Junta recibió la noticia y mostró su respeto "más absoluto" a la sentencia, ante la que la Administración ya estudia formalizar recurso en el Tribunal Supremo (TS), para lo que tienen un plazo máximo de 30 días. "No nos esperábamos una condena por el lucro cesante", apuntó García, que dijo que no existe "ninguna responsabilidad política" porque la Junta actuó siguiendo siempre las "directrices" de su gabinete jurídico.

La Administración discrepa con "prácticamente todo" y recurrirá

La delegada dijo que la Junta discrepa "prácticamente todo" el contenido de la sentencia e interpretó que no se puede "achacar" al Gobierno andaluz el lucro cesante -esto es, las ganancias que dejó de obtener la mercantil como consecuencia de la paralización de las obras que retrasó su apertura al público- que sí contempla el alto tribunal para fijar la indemnización. "No entendemos que un proceso penal no se tenga en cuanta ante uno administrativo", concluyó la delegada del Gobierno. Y es que el proceso penal vinculado a este asunto tuvo una dilación que favoreció, a juicio de la Junta, que las obras estuvieran más tiempo paralizadas.

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, se pronunció ayer también sobre la sentencia y confirmó que "analizarán con el máximo detenimiento" el texto para "ver si cabe algún recurso".