La transferencia a la Junta de Andalucía de las políticas y el personal dedicado a la policía de aguas podrían no ser las únicas competencias con las que se quede el Gobierno andaluz sobre el río Guadalquivir. O tal vez sí. El Consejo de Ministros aprobó el viernes una modificación de la Ley de Aguas para que las comunidades que así lo tengan recogido en sus estatutos ejerzan las labores de vigilancia del dominio público hidráulico. Serán Andalucía, Aragón y Cataluña, por el momento.

La reforma tuvo también un significado político, un guiño de complicidad a la Junta de Andalucía que en marzo vio cómo el Tribunal Constitucional (TC) anuló la competencia exclusiva que venía recogido en el artículo 51 de su Estatuto. Desde entonces, el Gobierno y la Junta trabajan para encontrar una fórmula de gestión para el Guadalquivir que no evidencie demasiado la pérdida de poder de la Junta de Andalucía sobre la cuenca. Pero las opciones no son fáciles. Hasta ahora sólo se ha conseguido la política de vigilancia, y quedan unas semanas.

De momento, la reforma de la Ley de Aguas ha validado la exigencia del artículo 50.2 del Estatuto andaluz sobre la labor de policía de dominio hidráulico, una función que el consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, calificó ayer en rueda de prensa en Huelva como "una parte sustantiva e importante de la gestión". Poco se puede hacer, reconocen varias fuentes, sobre las competencias que ostentaba Andalucía bajo el amparo del artículo 51 y el decreto de transferencia posterior. Tanto el artículo como el decreto están anulados y son imposibles de recuperar una vez finalice la encomienda de gestión en cinco semanas, por más que el Ejecutivo andaluz se haya afanado en transmitir la pretensión de que el Guadalquivir es un río netamente andaluz y que en la Junta deben residir esas competencias.

El discurso ha variado en las últimas semanas hacia una gestión compartida, y la Junta al fin admite que el Estado tendrá que ser una especie de Gran Hermano sobre la unidad de cuenca, como antes de que en 2009 recibiera la transferencia del Guadalquivir.

Por esa razón, el objetivo de la Junta se ha reducido a una serie de funciones que tratarán de conseguir en la agonizante negociación. Serán la participación en la planificación hidrológica, la formulación de propuestas de resolución de autorizaciones referentes al dominio público hidráulico -aunque la última palabra la tuviera el Gobierno- o la recaudación del canon de vertidos, anticipó ayer el consejero de Medio Ambiente.

También aspira la Junta a mantener la gestión y explotación de los pantanos del Guadalquivir que hay en Andalucía, según confirmaron a esta redacción fuentes de la Consejería de Medio Ambiente. Otra de las funciones que podrían corresponder a la Junta sería la explotación y mantenimiento de los Sistemas Autonómicos de Información Hidrológica y el Sistema Automático de Información de Calidad, la conocida como red Saica, añadieron las mismas fuentes. En estas semanas se definirá si todas estas funciones pueden asignarse a la Junta. Díaz Trillo avanzó que en unos 15 días comparecerá para informar sobre la fórmula de gestión definitiva.

Sin embargo, el consejero no concretó otros aspectos fundamentales de la transferencia. Por ejemplo, los medios materiales, los funcionarios y la financiación que se transferirán a Andalucía. El Estado entregaba unos 120 millones de euros cada año a la Junta y en 2009 le cedió más de 700 funcionarios, de los que se desconoce cuántos seguirán adscritos a la Junta de Andalucía.

Ante tanta incertidumbre, lo único seguro es que "se ha abierto una puerta para la gestión compartida" con la cesión de las labores de vigilancia, expresó el consejero. Esta función ya la tiene la Junta en el zurrón y habrá que esperar si habrá más concesiones a compartir con el Gobierno o, por el contrario, la Junta sólo se queda con la policía, una transferencia además que no ha gustado a algunas federaciones de regantes, que ya estudian imponer un recurso judicial a este traspaso.