La Junta se quedará con el 50% del río

  • La Junta ampliará las competencias, aunque seguirá reclamando la gestión

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La Junta de Andalucía está a punto de cerrar con el Gobierno central el listado final de transferencias sobre el río Guadalquivir que le permitirá la reciente modificación de la Ley de Aguas. Según los cálculos de la Junta, al menos el 50% del personal, funciones y fondos seguirán bajo el control del Ejecutivo andaluz. El acuerdo, que posiblemente se cerrará mediante un real decreto de transferencia, debe estar cerrado antes de concluya el mes de septiembre, ya que en octubre acaba la encomienda temporal que la Junta tenía sobre la totalidad de las aguas del Guadalquivir a su paso por la comunidad. No obstante, este mecanismo de transferencias de mayores competencias no cerrará la iniciativa legislativa autonómica para hacerse con la gestión integral del río mediante una delegación de funciones. La encomienda concluirá, pero la reclamación se mantendrá como una petición formal del Parlamento andaluz, que se aprobará casi con toda seguridad el próximo 13 de septiembre en un pleno extraordinario.

Después de que el Tribunal Constitucional anulase en marzo el artículo del Estatuto andaluz por el que se consideraban competencia exclusivas la gestión del río, el Tribunal Supremo también dejó sin vigencia la transferencia material de funciones, personal y presupuesto de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a la Consejería de Medio Ambiente. Para solucionar este enorme problema administrativo y legal -hay en la Junta 704 trabajadores que deberían volver a la Confederación-, el Gobierno concedió a Andalucía una encomienda temporal que se acaba ahora. La reciente modificación de la Ley de Aguas (artículos 2,3 y 4) permitirá a la Junta quedarse con las inspección y control del dominio público del río; es decir, la política de policía de aguas, que son unos 181 empleados. Pero la comisión bilateral Junta-Estado está a punto de cerrar otras competencias que también se pueden transferir sin violar la sentencia del Constitucional. Fuentes del Gobierno central también explicaron que serán muchos más funcionarios y empleados laborales los que se quedarán en la Junta .

De cumplirse esa cifra del 50%, la cifra de trabajadores que no se reincorporarían a la Confederación superarían, al menos, los 350. En el momento de la transferencia, anulada en tres ocasiones por el Tribunal Supremo, pasaron a la Junta 704 personas, pero con margen para llegar a 849 efectivos; se le otorgó un presupuesto anual de 120 millones de euros más el montante de las ayudas europeas ligadas al río, y 54 de los 57 embalses. Fuentes del Gobierno andaluz no pudieron precisar las cifras precisas, ya que aún deben cerrar asuntos muy técnicos sobre el conjunto de la gestión.

Andalucía aspira a quedarse con otras funciones como la gestión y explotación de los embalses, la recaudación de algunos cánones y el mantenimiento de algunas redes de información hidrológica y medioambiental.

Este acuerdo con el Estado no va a evitar que la Junta siga reclamando la gestión integral del río como una delegación de transferencias, una vía que permitiría el artículo 150.2 de la Constitución. No se trataría de una competencia exclusiva, que es lo que los tribunales han anulado, sino una delegación. Pero, incluso, así, hay demasiadas dudas legales sobre ello. El líder del PP, Javier Arenas, ha solicitado que se pronuncien los servicios jurídicos del Parlamento antes de respaldar una iniciativa en la Cámara. El informe del Consejo Consultivo se ha descartado porque no es una acción del Gobierno, sino del Parlamento. No obstante, el Consultivo avaló el artículo del Estatuto andaluz que el Constitucional anuló posteriormente. Más exacto fue el informe del Consejo Consultivo de Extremadura, cuya argumentación fue el eje central del recurso de inconstitucionalidad de esta comunidad, gobernada entonces por el PSOE.

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