La Junta coloca 209 millones en bonos en sólo cinco días

  • La emisión minorista ha conseguido el apoyo de la oposición y el impulso del mercado, en una semana en la que un día fue festivo en Málaga y otro en Madrid

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Los bonos patrióticos tienen tirón. La emisión, prevista para cuatro semanas, ha conseguido rebasar la tercera parte de su techo máximo en sólo cinco días de operaciones. La Junta abrió el lunes 5 de septiembre su oferta de pagar un 4,25% por bonos minoristas a un año, con un importe de 400 millones ampliables a 600. Al cierre de los mercados el viernes por la tarde, cuando las doce entidades financieras que participan en la colocación intercambiaron sus datos, se habían contabilizado peticiones de compra por un valor superior a 209 millones de euros.

La Junta puede declarar el cierre anticipado de la emisión cuando la demanda supere los 550 millones, pero nunca antes del 20 de septiembre. Si la cantidad total demandada supera el techo de la operación, habrá un prorrateo entre los solicitantes. Esta vía de endeudamiento emprendida ahora por Andalucía, tras las experiencias de Cataluña, Valencia, Baleares y Castilla y León, ha tenido el beneplácito de la oposición. El PP no ha criticado una medida que ha utilizado en varias autonomías en las que gobierna, e Izquierda Unida ha aplaudido que se recurra al conjunto de la ciudadanía cuando no se tiene liquidez e insiste en reclamar la existencia de una banca pública.

La decisión de hacer una emisión de deuda dirigida a particulares supone pagar unos intereses totales de 7,25%, dado que las entidades aseguradoras cobrarán alrededor del 3% por su gestión. Pero los mercados internacionales están prácticamente cerrados. En particular para las regiones españolas. Y los severos reproches del Ministerio de Economía y Hacienda por el incumplimiento de un déficit del 0,75% a mitad de año refuerzan esa tendencia.

Sin embargo, el propio Ministerio es responsable en parte del excesivo déficit de las comunidades, por las transferencias de este ejercicio y el anterior que todavía no ha realizado a las haciendas regionales. Andalucía está en sexto lugar entre los incumplidores, con un 1,49%; detrás de Castilla-La Mancha (4,16), Extremadura (2,59), Baleares (2,11), Valencia (1,92) y Murcia (1,82). Las regiones que mejor se han portado han sido Aragón, con un déficit de 0,63, Rioja (0,64), Madrid (0,70) y Canarias (0,71). Las comunidades forales tienen comportamientos muy distintos, a pesar de sus similares privilegios fiscales: el País Vasco tiene un superávit de 0,12% y Navarra acumula un -0,81.

Los peores alumnos de la clase han sido convocados la semana próxima en el Ministerio para un tirón de orejas, lo que ha provocado malestar en la Consejería de Hacienda de la Junta. Así se trasluce de las declaraciones que su titular, Carmen Martínez Aguayo, hizo el viernes en Radio Nacional, donde se quejó de que el Gobierno no hubiese transferido aun los 275 millones del Fondo de Compensación Interterritorial de este año. El déficit acumulado por Andalucía en el primer semestre ha sido en términos absolutos 2.190 millones de euros, el 1,49% de un producto regional bruto de 146.983 millones, entre final de junio de 2010 y final del primer semestre de 2011.

En las mismas declaraciones, la consejera añadía que con el FCI, el cierre de la operación de venta de edificios, con su posterior alquiler para recuperar la propiedad en 20 años (sale&leaseback) y la venta de fincas, solares y otros activos, por lo que espera recaudar unos 950 millones, "el déficit de Andalucía estaría a 30 de junio en 0,65%".

No es de esta opinión el presidente del PP andaluz Javier Arenas que sostiene que hay un descontrol del gasto público andaluz, que considera preocupante. Arenas está convencido de que la Junta no podrá reconducir el déficit sin un acuerdo presupuestario con el PP, que ha vuelto a ofrecer al presidente Griñán esta semana. Aguayo no descarta el cumplimiento del 1,3% de déficit exigido en 2011, si la Administración General del Estado salda sus deudas con Andalucía.

La Junta ha sido pionera en España en operaciones de sale&leaseback, según un modelo importando de Austria, que se aplica en muchos otros países europeos, como Alemania, el Reino Unido y Bélgica. Las ha realizado en dos tramos. En el primero, vendió sus delegaciones de Hacienda en Sevilla y Huelva, el edificio negro que alberga a varias consejerías en la avenida de la Aurora de Málaga y las sedes en Sevilla de la Consejería de Gobernación y el Servicio Andaluz de Empleo. Ese paquete se cerró por 77 millones, con un alquiler anual de seis millones durante 20 años, lo que supone un 7,8% de interés, algo superior al coste de los bonos patrióticos.

Sin embargo, el modelo austriaco no computa en la deuda y hay que descontar que el comprador debe atender el mantenimiento, conservación y limpieza de los edificios. El siguiente tramo está a punto de cerrarlo la BNP con 95 edificios por los que la Junta aspira a sacar más de 700 millones. La venta de activos está siendo irregular. Colocar las fincas del IARA no resulta fácil. Por el contrario se ha vendido a buen precio una decena de solares en Jaén.

La cita de Aguayo en Madrid en los próximos días no tiene fecha aún. Los servicios de la Consejería están inventariando las deudas contraídas por la Hacienda nacional con la regional. Una fuente oficiosa considera tramposas las admoniciones que se permite el Ministerio con las comunidades autónomas. Por ejemplo, todavía no ha pagado a Andalucía más de mil millones de la liquidación final del ejercicio de 2010. Tampoco los 275 millones del FCI. El decalaje en el pago de los fondos europeos es de meses, una vez tiene Madrid el reconocimiento de pago de Bruselas. Envía los fondos de dependencia con tres y hasta cuatro meses de retraso. Lo mismo ocurre con otras prestaciones como las de empleo.

Estos retrasos se han dado tradicionalmente. En las épocas de bonanza no importaban; ahora sí. Hay además tres desavenencias profundas entre Moncloa y San Telmo, que la Junta ha recurrido ante los tribunales: los cálculos de entregas a cuenta del Fondo de Suficiencia y el anticipo del Fondo de Convergencia, y el efecto negativo que tuvo la devolución de los 400 euros a todos los contribuyentes.

La Junta presume de tener unas cuentas ajustadas. Lo ha repetido el presidente Griñán esta semana. La ley de Estabilidad presupuestaria es del año 2001. Entró en vigor en los presupuestos de 2003. Desde entonces hasta 2007 el superávit de Andalucía fue de 3.539 millones y el déficit conjunto del resto de regiones fue de 5.164 millones. La región tiene un endeudamiento del 8,9% de su PIB, dos puntos y medio por debajo de la media de las autonomías. Lo que le ha permitido hacer esta emisión de bonos patrióticos, cuya demanda ha roto las previsiones más optimistas. Tiene tirón.

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