Andalucía

La Junta espera cerrar hoy un acuerdo sobre el nuevo sistema de financiación

  • La consejera de Economía conocerá si el Gobierno ha modificado la propuesta base por la presión de Cataluña · El PSOE-A admite que existe poca información · Salgado otea el final para la próxima semana

La Junta de Andalucía espera hoy despejar la incógnita que le ha preocupado en las últimas semanas sobre una posible modificación del borrador del sistema de financiación que conoció en diciembre y dar por cerrado su apoyo al modelo.

Como acordó la semana pasada por teléfono el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, con la vicepresidenta económica, Elena Salgado, serán sus segundos quienes asuman el protagonismo en la que se presume será la última ronda de contactos antes de convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) antes del próximo 15 de julio.

Carmen Martínez Aguayo, consejera de Economía y Hacienda, encabezará la delegación andaluza junto al viceconsejero José De Haro, y se reunirá hoy en sede ministerial con el secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña.

La Junta cuenta con el respaldo del vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, a la ponderación del criterio de la población como factor fundamental, pero las sospechas en las últimas semanas se han derivado hacia la vicepresidenta económica por un posible acercamiento a los intereses de Cataluña en el que prime el criterio fiscal -quien más recauda, más recibe-. Este extremo conllevaría el no de Andalucía a la reforma del modelo, según ha sostenido el propio Griñán.

La preocupación ha sido y es real. Así lo confirmó de nuevo ayer el secretario de Organización del PSOE-A, Rafael Velasco, quien la vinculó a la desinformación sobre el modelo en el que trabaja el Gobierno. "Cierta preocupación existe porque no conocemos datos, pero entendemos la prudencia de, hasta que no estemos todos, no dar a conocer los criterios; hasta ahí tranquilidad", comentó Velasco.

Los socialistas andaluces encaran la reunión de la Junta y el Gobierno con "esperanza" y "confianza" en que el Gobierno asuma la postura andaluza, según Velasco, que se basa en la igualdad entre todos los territorios y que el porcentaje básico para el reparto de los fondos sea el de la población. "El criterio presentado por Andalucía es bastante difícil contestarlo", añadió. De lo contrario, la Junta no descarta quedarse fuera del sistema, insistió el dirigente socialista.

"No sería la primera vez que nos mostramos en desacuerdo con un modelo de financiación autonómica; si el sistema nuevo no es acorde a los intereses de los andaluces, el Gobierno andaluz no lo aceptará", zanjó Velasco.

Para la otra parte de la reunión, el Gobierno, la senda del acuerdo parece allanada tras la última ronda de contactos. Salgado se mostró ayer convencida de que será posible llegar a un acuerdo la semana que viene en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

En Bruselas, a la entrada de la reunión mensual de ministros de Economía de la Eurozona, la vicepresidenta consideró normal que siga habiendo opiniones discrepantes a una semana del plazo que se había marcado el Gobierno para el compromiso final porque "siempre las hay en una negociación hasta el momento del acuerdo". Y negó que los avances logrados con Cataluña generen problemas con el resto de las comunidades autónomas. "Se avanza con todas al mismo tiempo porque el sistema es uno para todas y el documento será el mismo para todas ellas", subrayó Salgado.

En la misma línea, el secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña, aseguró ayer que la negociación para cerrar el nuevo modelo de financiación autonómica "avanza" y señaló que hay "una mayoría" de comunidades que "parecen ser favorables" al acuerdo.

Entre ellas, parecen haberse limado las diferencias con Cataluña. El presidente de la Generalitat, José Montilla, se mostró ayer confiado en poder llegar a un "buen acuerdo". En una entrevista radiofónica, Montilla advirtió que el acuerdo de financiación debería estar cerrado "antes de las vacaciones de verano", en concreto antes del 9 de agosto, cuando se cumplirá un año del plazo previsto en el Estatuto catalán.

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