Los 260.000 empleados públicos de la Junta de Andalucía recuperaron ayer la jornada laboral de 35 horas pese al rechazo mostrado por el Gobierno central a esta iniciativa impulsada por el Ejecutivo socialista el año pasado. La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, reveló ayer que el Gobierno de Rajoy ha pospuesto -sin fecha- la reunión fijada en un principio para mañana y donde pretendían limar las diferencias entre ambas administraciones.

"Tengo la esperanza de que podamos llegar a un acuerdo", afirmó la titular de Hacienda tras calificar de "gesto de buena voluntad" el retraso en la convocatoria de la Comisión Bilateral de Cooperación que tratará el conflicto por la vuelta a jornada de las 35 horas. Montero se mostró optimista porque, en su opinión, la Junta es "competente" en la materia y ha sido "leal en los objetivos de consolidación fiscal".

El Gobierno de Mariano Rajoy aumentó a 37,5 horas semanales la jornada laboral de los trabajadores públicos con el objetivo de recortar el gasto público en los primeros años de la crisis económica y, por el momento, no está por la labor de renunciar a la medida. Como muestra quedan los dos recursos aceptados por el Tribunal Constitucional y que tenían por objetivo evitar la reducción de jornada en el País Vasco y Castilla-La Mancha.

La vuelta a las 35 horas semanales es una de las iniciativas incluidas en el acuerdo firmado por Montero con los sindicatos mayoritarios entre el funcionariado andaluz y que busca devolver a los empleados públicos los derechos que perdieron durante la crisis económica. El calendario recogido en ese acuerdo también incluye la devolución de un 25% de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 en la nómina de febrero.

La titular de Hacienda utilizó el caso de los trabajadores sanitarios para ilustrar el cambio de jornada, puesto que la medida establece una modificación de los cómputos anuales de los diferentes turnos. Por ejemplo, el diurno pasa 1.645 a 1.540, es decir, 105 horas menos. Montero garantizó que para cubrir esa reducción se contratará a interinos de las bolsas de trabajo de la Administración andaluza, así como a nuevos eventuales.

Montero rechazó, al menos por el momento, la convocatoria de una oferta de empleo público masiva. Pese a que mencionó la posibilidad de crear entre 7.000 y 10.000 nuevos puestos de trabajo, la titular de Hacienda supeditó la puesta en marcha dicha oferta a que el Gobierno elimine la tasa de reposición en todos sectores y no sólo en los considerados prioritarios. Si esto ocurre, Montero aboga por convocar una gran oferta de empleo público coordinada con el resto de comunidades para evitar un efecto llamada entre los opositores.