Si es un primer paso o se traduce en la única o más importante concesión hacia las aspiraciones de la Junta de conservar su influencia sobre el río Guadalquivir se conocerá en cuestión de días, pero ayer el Gobierno central ya aprobó que la Junta de Andalucía asuma las competencias en materia de policía del dominio público hidráulico. Los denominados guardarríos también serán traspasados en Cataluña y Aragón, comunidades que tienen recogida esta reclamación en sus estatutos de autonomía.

En sólo seis semanas finalizará la encomienda de gestión que de manera transitoria el Gobierno otorgó a Andalucía para que gestionase el Guadalquivir, tras la sentencia del Tribunal Constitucional conocida en marzo que anuló la competencia exclusiva sobre la cuenca en virtud del ya inexistente artículo 51 del Estatuto andaluz. El TC estimó que la cuenca hidrográfica del Guadalquivir, que comparte Andalucía en un 90% con otras tres comunidades limítrofes, tiene carácter supra comunitario y debe gestionarse de forma homogénea.

A contrarreloj, el Gobierno y la Junta trabajan desde hace semanas en un modelo definitivo de gestión del Guadalquivir, que aún se desconoce. La Junta aspira a conservar la mayor parte posible de la gestión que se le transfirió en 2009 y que ha estado ostentando hasta este año. Pero el margen es muy limitado. Fuentes del Ejecutivo central recuerdan que el artículo 51 está anulado, ya no existe, y que no se puede trabajar sobre él, ni las expectativas de la Junta pueden enfocarse en recuperar esta gestión, sencillamente, porque es inconstitucional.

Por esta razón la Junta celebró ayer con entusiasmo esta primera cesión, que pudiera ser sin embargo la más importante que le quedase, a falta de conocer en los próximos días la solución definitiva, según avanzó el martes el presidente andaluz, José Antonio Griñán, tras reunirse con el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves.

El real decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros reforma el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado en 2001. El apartado 2 del artículo 94 concede a las comunidades las funciones de inspección y control del dominio público, información sobre crecidas, control de las aguas, vigilancia de las obras y la aplicación de la normativa de policía de agua y cauces.

Asimismo, será aplicable a los órganos competentes de las comunidades lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del artículo 94 de esta ley. Según estos dos artículos, los agentes medioambientales destinados en las comisarías de aguas de los organismos de cuenca tienen el carácter de autoridad pública y están facultados para entrar libremente y sin previo aviso en los lugares sujetos a inspección, practicar cualquier diligencia de investigación o tomar muestras de materiales o sustancias, entre otras.

El Gobierno subrayó en la nota de los acuerdos del Consejo de Ministros que, a través de esta disposición adicional, se viene a dar cumplimiento a las previsiones estatutarias mencionadas en el marco de la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional.

La labor de policía sobre el dominio hidráulico ya viene recogida en el Estatuto andaluz en el artículo 50.2. Este artículo también fue recurrido por Extremadura, pero el TC no lo estimó.

Desde primera hora de la mañana la Junta de Andalucía estuvo pendiente de si finalmente se anunciaba esta transferencia en el Consejo de Ministros. Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente valoraron por la tarde como "muy positiva" la reforma de la Ley de Aguas, a la espera de que hoy informe con detalle en Huelva el consejero José Juan Díaz Trillo.

Las mismas fuentes expusieron que esta disposición atribuye a Andalucía "importantes funciones ejecutivas", aunque precisaron que "la resolución de las sanciones y demás actos jurídicos que puedan derivarse de dichas actividades de policía se mantienen en la Administración del Estado".

La postura de la Junta es aún optimista de cara a las próximas semanas. Para la Consejería de Medio Ambiente, la disposición "mantiene la posibilidad de continuar trabajando de cara a la aspiración del Gobierno andaluz de alcanzar la máxima participación en la gestión del río Guadalquivir desde la lealtad institucional y dentro del máximo respeto al marco constitucional".

También horas antes de que el portavoz y ministro de Fomento, José Blanco, diese a conocer la decisión en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la anticipó el portavoz del grupo socialista en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez.

En rueda de prensa en Huelva, Jiménez pronosticó que el Gobierno iba a dar "un paso de sensibilidad y cercanía" respecto a las aspiraciones de Andalucía en la gestión del río Guadalquivir, "un paso más" de cara a la resolución del conflicto. El dirigente socialista atribuyó la modificación de la Ley de Aguas la "hoja de ruta" pactada entre Griñán y Chaves.