La Asociación Derecho a Vivir (DAV) anunció ayer que está analizando las opciones de interponer una denuncia contra la consejera de Salud, María Jesús Montero, por una posible vulneración del derecho fundamental a la objeción de conciencia y un posible delito de omisión de auxilio, después de que "haya ordenado dejar de alimentar a una anciana de 90 años desvalida e interna" en el hospital Blanca Paloma. 

En un comunicado, la portavoz de DAV, la doctora Gádor Joya, aseguró que han encargado "un dictamen jurídico sobre la base de los hechos conocidos de este caso" al entender "que pueden ser conductas ilícitas contra derechos fundamentales tipificadas en el Código Penal", a lo que ha añadido su intención de presentar la denuncia "a lo largo de la próxima semana". "La señora Ramona Estévez de 90 años está inconsciente después de sufrir un infarto cerebral y se encuentra hospitalizada. Se alimenta por medio de una sonda nasogástrica, sin la cual morirá de inanición. Su familia asegura que la anciana pidió verbalmente no someterse a este cuidado y, asesorados por el lobby eutanásico Derecho a Morir Dignamente, su hijo pidió a la Junta de Andalucía que obligara a los médicos a retirar la sonda de alimentación", han manifestado desde la asociación. 

En este sentido, la doctora ha matizado que "no es un tratamiento médico, sino un cuidado básico, como es la alimentación de toda persona. Si dejan de alimentarla, morirá, y no de una forma precisamente digna". 

La portavoz de la asociación ha recordado que "muchos médicos y ciudadanos están preocupados por el empecinamiento del Gobierno en legalizar subrepticiamente la eutanasia" y se muestra convencida de que hoy en España se están aplicando prácticas eutanásicas amparadas en leyes como la andaluza de Muerte Digna: "Ya advertimos de que con la ley andaluza y con el proyecto de la ley nacional empezaríamos a ver muy pronto en España casos como éste: prácticas eutanásicas disfrazadas de decisiones compasivas, así como desatención de los cuidados paliativos a los que todo paciente tiene derecho y vulnerabilidad cada vez mayor del médico en el ejercicio de su libertad de ciencia y de conciencia", ha añadido. 

Por su parte, el delegado de Derecho a Vivir en Huelva, Eduardo Gómez Pirlich, ha anunciado que presentará un escrito en los juzgados con el fin de pedir amparo a la autoridad judicial de los cuidados paliativos de la paciente, para que vele por el derecho a la vida y "evite cualquier práctica eutanásica que, como la decisión gubernativa de retirar la sonda de alimentación, causará directamente la muerte por inanición de la paciente, además de contravenir la buena práctica médica y lesionar el derecho a la objeción de conciencia del personal facultativo". 

El hijo de la paciente, José Ramón Páez, insistió ayer en que él "ha cumplido" la voluntad de su madre y que está amparado por la Ley de Muerte Digna. Desde la Asociación Derecho a Morir Dignamente, su portavoz Manuel García indicó que "Derecho a Vivir ha mostrado que desconoce la ley y su actitud es una pataleta". García añadió que la ley no admite el recurso a la objeción de conciencia tal y como señala Joya, ya que "ésta solo se plasma en la Constitución y relacionada con el servicio militar". De este modo, el portavoz de Morir Dignamente conminó a Derecho a Vivir a que "se lean la ley" y que consideren que su incumplimiento podría ser considerado como mala praxis médica por no haber cumplido la voluntad del paciente. Desde Morir Dignamente también se descartó plenamente que el probable recurso pudiera producir alguna medida cautelar sobre el proceso que sigue Ramona Estévez. 

El diputado nacional por Huelva y miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, Javier Barrero, aseguró por su parte, sentirse "orgulloso" de contar en Andalucía con leyes como la de Muerte Digna que "eviten el sufrimiento a los ciudadanos, a los ancianos o a las personas enfermas". 

Barrero señaló "no tener claro" que haya habido una obligación al centro hospitalario por parte de la Junta, sino que "se pusieron en contacto para que se entendiera que la ejecución de esta ley obliga a tomar en consideración la voluntad de la enferma y de los familiares más directos". 

La ley, insistió el socialista, "está preparada para que ciudadanos maduros asuman la responsabilidad sobre su propia vida, alejándose del sufrimiento y haciéndolo de la manera más digan posible".