Diez años después de que se iniciara la investigación del caso Astapa el juez da por finalizada la instrucción de la presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Estepona durante el periodo 2003-2008, con 94 investigados en total. Con “carácter indiciario”el instructor revela en un auto un sistema de contabilidad llamado “la triplecaja”: La caja A, con las actuaciones fiscalizadas del Ayuntamiento;la caja B, en la que figuraban los patrocinios y donaciones de “entidades y personas con intereses pendientes de resolver ante el Consistorio, principalmente urbanísticos”;y la caja C, compuesta “por una serie de actuaciones en las que personas directamente relacionadas con el Ayuntamiento de Estepona y de su entorno recibirían regalos”, también de empresas con intereses pendientes ante la administración municipal, y que revertían en el disfrute personal o bien servían para sufragar gastos de las campañas electorales.

La primera está fuera de toda sospecha, al incluir “una actuación administrativa correcta” del Ayuntamiento. Sobre la segunda, sin embargo, el juez formula la pregunta de si realmente las esponsorizaciones, patrocinios y donaciones “tenían la consideración de tales o por el contrario eran contraprestaciones o condiciones impuestas por el Ayuntamiento en el recto entendimiento de que si no se accedía a su realización” se podrían frustrar las operaciones pendientes.

Y en la tercera habla de “regalos tales como televisores plasma, viajes relojes de importante marca, pago de consumiciones en establecimientos hosteleros incluso de naturaleza sexual, hasta llegar a transferencias de dinero y por una cantidad escandalosa con destino a cuentas de personas del Consistorio o familiares de éstos, cuya justificación no pueden acreditar los investigado”. Como ejemplo, los casi un millón de euros a la cuenta del investigado J. J. L. F. de una empresa “con intereses urbanísticos” o los viajes y otros regalos recibidos por el entonces alcalde socialista, Antonio Barrientos.

En esta misma contabilidad es donde el magistrado aprecia “financiación irregular del PSOE” y de la formación independiente Partido Estepona (PES), que formaba parte del gobierno en coalición con los socialistas y el Partido Andalucista. Por un lado figuran 4.000 euros para una campaña publicitaria en un campeonato de catamaranes que “habrían sido utilizados para cubrir gastos derivados de la campaña electoral del PSOE”. E incluso unos préstamos personales solicitados por varios miembros socialistas que finalmente no habrían llegado a devolver. En el caso del PES constan más de 15.000 euros “para la celebración del concierto de Andy & Lucas como cacto de cierre de la campaña electoral”. La financiación irregular se extiende presuntamente a cantidades en efectivo, “hasta con billetes con valor facial de 500 euros –como ocurrió presuntamente con el concierto de Los del Río–”, explica el juez en su auto.

En la contratación administrativa también observa el magistrado irregularidades en base a que desde Ayuntamiento además de saltarse la normativa vigente habría favorecido adjudicaciones de contratos a empresas concretas, “a dedo”. Cita en este punto la adjudicación del servicio de depósito de vehículos y grúa municipal en un procedimiento en el que “se omiten requisitos para proponer como adjudicataria a una empresa recién constituida”y con una oferta menos ventajosa para la administración local. Esas presuntas irregularidades se extienden a todas la áreas, desde los contratos de recogida de basuras y residuos urbanos a la adjudicación de los chiringuitos. La presunta prevaricación administrativa “llega a su grado más llamativo” en el punto de que “si había que fraccionar los contratos pues se fraccionaban y si las facturas y los importes había que rebajarlos para no sobrepasar el límite legal pues se hacía”, que es presuntamente lo que ocurrió con las obras del Palacio de Congresos de Estepona.

En el auto, de fecha de ayer y 227 folios, el magistrado considera que se han practicado las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y acuerda la transformación del caso en procedimiento abreviado, por lo que da traslado a la Fiscalía y demás partes acusadores para que determinen si formulan acusación, interesan alguna diligencia complementaria o si solicitan el sobreseimiento del caso. Al tratarse de una causa compleja, con alrededor de 800 tomos, establece un plazo de 60 días –en lugar de 10– para que las partes se pronuncien. El auto contempla indicios de prácticamente todos los delitos contra la Administración Pública, como son prevaricación, cohecho, fraude, tráfico de influencias, malversación y contra la ordenación del territorio. Al entonces alcalde se le investiga por prevaricación, nombramiento ilegal, cohecho, tráfico de influencias, doble contabilidad y blanqueo de capitales.