Da la casualidad de que el mismo día que en el Ayuntamiento el Pleno aprobaba una modificación de crédito para pagar un millón de euros a la amortización de deuda contraída con los bancos, poco después se presentaba un informe en el que se ponía negro sobre blanco las dificultades de muchas familias para acceder a la vivienda. Todo esto ocurrió ayer en Capitulares. El Ayuntamiento ha ahorrado 2,4 millones de euros del plan de inversiones financieramente sostenibles por las adjudicaciones a la baja de los cuales 1,3 millones se van a reinvertir en otros proyectos y el 1,1 millón restante tiene que ir destinado al pago de la deuda. La normativa exige a los consistorios que actúen de esa manera, lo cual tiene cierta lógica para no volver a esa situación de administraciones endeudadas y tener un control más lógico de los recursos de todos los ciudadanos. Lo que no parece tan lógico es que a las entidades financieras no se les exija ninguna contraprestación, sobre todo cuando recibieron dinero público para sanear sus cuentas y evitar la quiebra surgida por, entre otros motivos, su falta de previsión al depender en exceso del sector inmobiliario.

Resulta esto llamativo cuando, insisto, el mismo día en que el Ayuntamiento da cumplimiento con una obligación legal -no es que tenga mayor mérito- se conoce que 6.000 familias han perdido su vivienda en Córdoba desde que estalló la crisis y que los bancos siguen teniendo una cantidad ingente de viviendas vacías que no ponen al servicio de personas que la necesitan. Y están vacías porque nadie le exige que al menos un porcentaje se destine, por ejemplo, a alquiler social, no hay ninguna norma que les obligue. El profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba Antonio Manuel Rodríguez apeló a un cambio de normativa y a la posibilidad de modificar lo que siempre ha sido así. ¿Por qué no? Para ello, dijo, será necesario el poder de los ciudadanos. Así se consiguió que se declarara que era abusivo hacer pagar a los propietarios todo el coste de las hipotecas y que no se puede cobrar la plusvalía a quien ha perdido dinero con la venta de su inmueble. Quizá es el momento de dejar de resignarse y exigir lo que es un derecho esencial y aplicar un poco de sentido común.