Tres directivos de Algesa son juzgados hoy por el caso de las prendas falsificadas

  • La Fiscalía pide un año y medio de prisión para el gerente y los jefes de servicio y taller de la empresa

  • Los acusa de quedarse con la mercancía para venderla tras simular su destrucción

Imagen tomada en el punto limpio de Algesa en Los Guijos el día de las detenciones. Imagen tomada en el punto limpio de Algesa en Los Guijos el día de las detenciones.

Imagen tomada en el punto limpio de Algesa en Los Guijos el día de las detenciones. / ersmo fenoy

El Juzgado de lo Penal número 2 de Algeciras acoge hoy el juicio contra los tres directivos de la empresa pública de limpieza, Algesa, que en abril de 2012 fueron detenidos con prendas y objetos falsificados que debían haber sido destruidos. La Fiscalía solicita para cada uno de ellos un año y medio de prisión por un supuesto delito contra la propiedad industrial. Considera que se apropiaron de la mercancía tras simular su eliminación para comercializar con ella.

Se sentarán en el banquillo M.L.L., gerente de Algesa; J.J.G.V., jefe de servicio; y J.M.C.M., jefe de taller. En su momento fueron apartados y despedidos, pero finalmente se reincorporaron a la empresa municipal y permanecen en ella. El juicio arranca hoy y también hay fijadas vistas para mañana y el viernes. El exconcejal de Limpieza Bernabé Ramírez, responsable de la delegación municipal en el momento de los hechos, ha sido llamado a declarar por la Fiscalía. Dejó el puesto debido a este caso.

El concejal de Limpieza de entonces, Bernabé Ramírez, está llamado a declarar

En abril de 2012 la Secretaría de la Dependencia de la Aduana de Algeciras solicitó y aceptó un presupuesto de la empresa Transportes Toledo para la retirada, la limpieza y la posterior destrucción de mercancía intervenida en diversas actuaciones llevadas a cabo en el recinto aduanero de Tarifa. Era urgente desalojar el almacén por unas obras que se iban a realizar.

Transportes Toledo carecía de medios para la destrucción del material. Contactó con Algesa para que se ocupara la empresa municipal y llevó las prendas y los objetos al punto limpio de Los Guijos para que fueran eliminados.

La Fiscalía señala en su escrito de acusación que los imputados simularon que la mercancía había sido destruida, pero que en realidad no fue así, de lo que se enteró Vigilancia Aduanera y la Guardia Civil, que montaron un operativo.

"Los acusados habían preparado dicha mercancía, cuando hicieron creer a los agentes actuantes y vigilantes del destino de la misma que había sido completamente destruida, una vez trasladada para dicho fin por la empresa de transportes al punto limpio de Algesa. Sin embargo, la prepararon en sacos de arpillera, previamente seleccionada, para su posterior transporte con el fin de comercializar con ella, sin consentimiento de los titulares de las correspondientes marcas", sostiene el Ministerio Fiscal.

Los acusados fueron abordados por las fuerzas de seguridad cuando transportaban en sendos vehículos material falsificado que había llegado al punto limpio para ser destruido. En concreto fueron intervenidas 3.410 prendas y objetos. La Fiscalía afirma que la intención de los encartados era vender estos productos y que el beneficio que se hubiera podido obtener hubiese ascendido a 32.356 euros.

Por ello el Ministerio Fiscal pide un año y medio de prisión para cada uno de los directivos, además de multa de 15 meses con una cuota diaria de 12 euros. También solicita que indemnicen a los titulares de los derechos sobre la propiedad industrial de las marcas falsificadas en la cantidad que se determine en ejecución de sentencia de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Marcas.

El Ayuntamiento de Algeciras se personó en su día como acusación particular, pero finalmente pidió el archivo de la causa, tras la instrucción, porque no se había podido "determinar el destino final de la mercancía incautada", según argumentó.

Quien continúa como acusación particular es la concejala María José Jiménez, que solicitó su personación con posterioridad (la ley lo permite con ciertas restricciones) por su condición de edil, miembro de la junta de Algesa y representante del interés público. Interesó dicha personación para tratar de obtener la información sobre este caso que no obtenía del gobierno municipal.

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