Algeciras

El desastre de El Cobre, de vuelta al juzgado

  • Un informe encargado por el Ayuntamiento reitera que los residuos no son peligrosos, aunque otro autonómico sí los considera así

  • La concejal Laura Ruiz comparece hoy ante el juez como investigada

El antiguo vertedero de El Cobre.

El antiguo vertedero de El Cobre. / erasmo fenoy

Los vertidos de lixiviados desde el antiguo vertedero de El Cobre, que durante las últimas semanas han sido objeto de debate político, vuelven hoy a su senda judicial. La concejal delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Algeciras, Laura Ruiz, está llamada a comparecer ante el juez en calidad de investigada tras la denuncia formulada por Agaden sobre estos vertidos. Se trata de dilucidar las posibles responsabilidades en la situación del vertedero, en el que tanto la Consejería de Medio Ambiente como el Seprona y consultoras privadas han detectado la existencia de lixiviados procedentes del antiguo vertedero que llegan hasta el arroyo de La Cava.

La tesis del Consistorio pasa por que la obra de sellado del vertedero, ejecutada por la Junta de Andalucía, no se realizó bien y que el Ayuntamiento no recepcionó la misma, por lo que no es responsable del mantenimiento posterior. La Administración autonómica, por contra, considera que es el Consistorio el encargado del control de la instalación.

Así lo recoge en un informe elaborado en 2016 a raíz de una denuncia de agentes de Medio Ambiente sobre el estado del vertedero, que resume los múltiples problemas encontrados en el depósito. Detecta vertidos de lixiviados que dejan rastro en la vegetación quemada, con una balsa llena hasta el rebose provocando un vertido de un caudal de 50 litros al minuto directamente al arroyo La Cava por escorrentía. Los piezómetros de control de las aguas superficiales están impracticables, los bajantes de aguas pluviales están deteriorados, hay arquetas rotas y el vallado perimetral está dañado, encontrando ganado dentro de la instalación. Un estado de abandono que, aseguraba entonces, no se había comunicado a la Delegación Territorial de Medio Ambiente. Pero además, advierte la Junta, dado que no se ha hecho una caracterización del residuo según los criterios marcados por la normativa europea, "el residuo se deberá considerar de naturaleza peligrosa y codificar como peligroso". Por ello, la Junta considera que el Ayuntamiento podría haber cometido dos infracciones administrativas muy graves: por el incumplimiento de la obligación de mantenimiento y de llevar a cabo un plan de vigilancia y control del vertedero y por el vertido incontrolado de residuos peligrosos consistentes en lixiviados del vertedero.

Frente a este informe, el Ayuntamiento esgrime otros elaborados por encargo a consultorías ambientales que consideran que los residuos allí depositados no son peligrosos. El último, con fecha de febrero y encargado ex profeso ante el proceso judicial, considera que "según los análisis efectuados al lixiviado en nuestra auditoría y posteriores, se puede catalogar como no peligroso el residuo". Aunque reconoce que quizá la inertización no fue correcta en algunos casos, "según nuestro criterio la contaminación puede considerarse leve y superficial dada la baja permeabilidad del terreno de la zona".

Este informe, que a juicio del Ayuntamiento y la Mancomunidad de Municipios da argumentos para inferir que el sellado no se ejecutó correctamente, apunta a las medidas sin ejecutar y la falta de un plan de mantenimiento postclausura como principales motivos para que se estén produciendo los vertidos. Tras analizar los distintos proyectos existentes para la mejora, clausura y sellado del antiguo vertedero, Consultoría de Técnicas Ambientales destaca que en esos proyectos se incluyeron numerosas medidas de control de aguas subterráneas y de lixiviados, pero muchas de estas "no se llegaron a ejecutar nunca", como la puesta en marcha de una planta de depuración de lixiviados. Y otras se dejaron hechas "pero sin un plan de puesta en marcha y mantenimiento", como el sistema de bombeo de aguas subterráneas, el de recirculación de lixiviados o la capa de sellado de bentonita.

Para los técnicos que han elaborado este informe, las medidas adoptadas no son efectivas en estos momentos precisamente por la falta de ese "plan de mantenimiento postclausura". Así, detallan que en ninguno de los proyectos está el documento que especifique el funcionamiento de las bombas existentes, frecuencias de extracción o caudal.

La consultoría concluye que lo más urgente en este momento es la puesta en marcha de ese plan, con un control de la lixiviación, un proyecto que está en camino con la firma de un acuerdo entre Ayuntamiento y Mancomunidad para la construcción de una tubería que lleve los lixiviados hasta la depuradora de Isla Verde. También reclama un análisis periódico de estos, aguas superficiales y subterráneas.

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