Las denuncias contra las casas ilegales se ampliarán a todos los montes públicos

  • El Ayuntamiento extenderá el censo de las ocupaciones a Comares y Las Corzas para luego remitirlo a la Fiscalía · Detectan dos nuevas construcciones en Algamasilla

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El Ayuntamiento de Algeciras va a continuar con su cruzada contra las usurpaciones de dominio público. Las denuncias contra las viviendas ilegales en los montes de propio están siendo el primer caballo de batalla del Consistorio. El equipo de gobierno ya ha remitido a la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente un informe sobre las casas que se están construyendo en Algamasilla, en la zona de Pelayo. Asimismo, la Policía Local está actualmente fotografiando los inmuebles que se han edificado sobre suelo no urbanizable de especial protección en La Chorrosquina, dentro de los límites de Majadal Alto. Una medida que se va a extender a los otros dos montes de titularidad municipal: el de Comares y el de Las Corzas.

El concejal de Patrimonio, Gabriel Orihuela, confirmó ayer a Europa Sur esta actuación. El edil del PSOE reconoció que la situación más grave se está dando en Algamasilla y Majadal Alto, en la zona de El Cobre; si bien informó de que también existen ocupaciones ilegales en los otros dos montes de propio y contra las que se va a actuar. El Consistorio está ultimando el estudio de las viviendas ilegales que se asientan en La Chorrosquina. Asimismo, ha ampliado de 40 a 42 los expedientes abiertos en Algamasilla. Una documentación que acabará en manos de la Fiscalía de Cádiz.

Orihuela aclaró que la acción municipal va a dirigirse contra cualquier crecimiento urbanístico ilegal en el municipio. "Hemos empezado por los montes de propio porque son los casos más graves. Al estar las viviendas alejadas del núcleo urbano serían tremendas las inversiones que se requerirían para dotarlas de infraestructuras en caso de que con los años llegaran a consolidarse. Todo ello sin mencionar los daños medioambientales que se ocasionan en una zona de gran riqueza natural que, según la Ley Forestal de Andalucía y el PGOU, tiene la consideración de suelo no urbanizable de especial protección", indicó el concejal.

El titular de Patrimonio recordó que los cuatro montes de propio son, según la Ley 2/1992, "inalienables", "imprescriptibles" e "inembargables". Asimismo, recalcó que la administración podrá recuperar de oficio, en cualquier momento, la "posesión indebidamente perdida". Además, la normativa establece que la ocupación de monte es una infracción y que sus autores se verán obligados a la reparación e indemnización de los daños causados.

El Ayuntamiento considera que estas viviendas son ilegalizables. Por ello, cuando los hechos determinantes de la sanción pueden constituir delitos o faltas, se ponen en conocimiento de la Fiscalía, que aboga en la mayoría de estos casos por acudir a la vía penal contra los infractores. El Consistorio suspende entonces todas las actuaciones administrativas, que sólo se reanudan si se excluye la responsabilidad penal.

El Ayuntamiento quiere poner así freno al crecimiento urbanístico incontrolado. Un mal endémico en Algeciras que está suponiendo un enorme gasto para las arcas municipales. Orihuela explicó que la edificación anárquica tiene su origen en los años 60 y 70 cuando llegó al municipio una gran cantidad de población proveniente de localidades limítrofes. El municipio carecía entonces de PGOU, por lo que desde Madrid se aprobó el plan Alvear que se tradujo en la construcción de numerosas edificaciones colectivas. Sin embargo, el Gobierno de entonces no tuvo en cuenta la idiosincrasia del municipio y no contempló la creación de otro tipo de viviendas; lo que motivó que empezaran a proliferar las construcciones ilegales.

Ya en 1980, con la primera Corporación democrática, se revisó el PGOU de Alvear. Según el edil del PSOE, este plan urbano -que vio la luz en 1984- sí planificó el desarrollo del municipio, "pero no se ejecutó de forma correcta".

Orihuela afirmó que las bolsas de suelo no se desarrollaron como debieran, lo que derivó en un problema de falta de infraestructuras. Asimismo, la falta de celo de las administraciones propició las usurpaciones de suelo y las parcelaciones ilegales. Un problema que fue una constante hasta que se redactó el PGOU de 2002. "El Ayuntamiento se encontró con que en algunas zonas ya se había construido el 75 por ciento de las viviendas previstas. Por ello, no hubo más remedio que dar cobertura legal a estas zonas, incluyendo en suelo urbano consolidado importantes espacios construidos que procedían de la ilegalidad. Unas barriadas a las que hubo que dedicar, y aún se sigue haciendo, un gran esfuerzo inversor", manifestó el edil.

El también concejal de Vías y Obras apuntó que las inversiones municipales se destinan al mantenimiento de las infraestructuras, viarios y espacios libres de la ciudad. Sin embargo, en algunas de estas zonas no existían, por lo que el Consistorio tuvo que hacer lo que no hicieron los dueños del suelo: "crear ciudad". Unas consecuencias que aún está pagando el Ayuntamiento. Muestra de ello es que la Concejalía de Vías y Obras ha destinado en los últimos cuatro años el 50 por ciento del presupuesto de inversiones a dotar de infraestructuras a zonas de la ciudad que en su momento se constituyeron de forma ilegal. Un montante que alcanza los 7,5 millones de euros y que se ha dejado de invertir en el mantenimiento de otras barriadas de la ciudad.

"No obstante, y una vez llegados a este punto, lo que el actual equipo de gobierno está totalmente dispuesto es a impedir que la situación vuelva a repetirse y entrar de nuevo en una espiral de desarrollo urbanístico ilegal, caótico y perjudicial para todos, tanto desde la perspectiva medioambiental como de la económica", subrayó Orihuela.

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