La intrincada maraña judicial del caso Escalinata sigue desenredándose. Llega un paso clave en la causa penal abierta en el año 2004 por la construcción ilegal del aparcamiento: el juez ha señalado para primeros de junio el juicio que sentará en el banquillo a los ex alcaldes socialistas Tomás Herrera y Juan Antonio Palacios, al ex concejal andalucista José Luis Ortega y al arquitecto municipal Arsenio Pacios.

El juicio llega 14 años después de que los propietarios del edificio Escalinata, declarado en ruina por los daños provocados durante la construcción del parking, presentaran una querella contra quienes creían responsables de la edificación de un aparcamiento posteriormente declarado ilegal y sobre el que pesa una orden judicial de derribo. También después de que el Tribunal Supremo rechazase los últimos recursos interpuestos por el Ayuntamiento de Algeciras contra el derribo del parking y sobre la necesidad de indemnizar a los vecinos, con quienes se negocia ahora la ejecución de sentencias.

El fiscal pide 10 años de inhabilitación para los ediles y 5 de prisión para el arquitectoEl aparcamiento se edificó "saltándose cualquier atisbo de legalidad" según el fiscal

El fiscal atribuye en su escrito de acusación (presentado en enero de 2016) delitos de prevaricación continuada por autoría directa a Palacios, Herrera y Ortega, mientras que acusa al arquitecto de delitos de prevaricación continuada por autoría por cooperación necesaria y de falsedad documental. Pide para los tres primeros una pena de 10 años de inhabilitación especial para cualquier tipo de empleo o cargo público y para el segundo 5 años de prisión, otros 15 de inhabilitación especial y multa de 24 meses a razón de 10 euros al día. También una indemnización conjunta de 1,55 millones de euros, de la que respondería de forma subsidiaria el Ayuntamiento de Algeciras.

El caso parte del año 2000, cuando el Consistorio algecireño aprobó en pleno la construcción de cuatro aparcamientos subterráneos, incluyendo el Escalinata, aunque este era notoriamente un edificio de varias plantas. Pese a ello, se tramitó en todo momento como subterráneo y contando con informes favorables. Con ellos se aprobó en julio de 2001 el proyecto definitivo del aparcamiento presentado por la empresa Nautagest. A partir de ahí "las cosas cambiaron y, en la ejecución del acuerdo, se obvió totalmente el más mínimo respeto a la legalidad urbanística", señala el fiscal.

Así, las obras se iniciaron no solo sin tener licencia, sino sin haberla solicitado siquiera. Y después, por "común acuerdo" de Arsenio Pacios y José Luis Ortega, prosigue el escrito de acusación, se dio vía libre a la construcción del edificio "saltándose cualquier atisbo de legalidad y poniendo en grave riesgo a los edificios vecinos e incluso la vida de las personas que los habitaban".

Nada más resolverse el concurso del aparcamiento, Pacios informó favorablemente una modificación del proyecto para ganar un 60% más de plazas, lo que obligó a excavar un volumen 5 veces superior al previsto. No se respetó la técnica contemplada por el proyecto, algo que afectó al subsuelo del edificio Escalinata, que en abril de 2004 sufrió una importante sacudida tras la que sus ocupantes tuvieron que ser desalojados. Las obras continuaron pese a faltarles varios estudios necesarios y el edificio fue sufriendo continuos daños, fisuras y desplomes a raíz de las obras. Sin embargo, "aún sabiéndolo", el arquitecto elaboró "un informe falso" en julio de 2002 en el que afirma que "no están justificados los temores de los vecinos en cuanto a la estabilidad del edificio", justificando esta afirmación en unas conclusiones "flagrantemente falsas". En junio de 2003 los vecinos se vieron obligados a abandonar sus casas de forma definitiva.

Ante la situación desesperada de los propietarios, el entonces alcalde, Juan Antonio Palacios, firmó con la comunidad de vecinos un acuerdo que garantizaba el pago por parte de Nautagest de una cantidad mensual (2.343,95 euros) a los afectados hasta que no pudieran ocupar sus viviendas. El encargado de los pagos era Tomás Herrera, entonces concejal de Hacienda. Sin embargo, "se negaron a abonar las cantidades acordadas". Mientras tanto, Pacios "vuelve a falsificar un informe" en el que afirma que las viviendas son seguras y habitables.

En marzo de 2004, la junta de gobierno aprobó por unanimidad una propuesta del alcalde resolviendo un procedimiento de responsabilidad patrimonial en el que únicamente se hacía responsable de los daños producidos a la constructora Nautagest y se cuantifican estos en 157.760 euros. Una cifra "ridícula" que procede de nuevo de un informe elaborado ad hoc por Pacios.

También denuncia el fiscal la actuación de Juan Antonio Palacios ya que, pese a conocer la situación de necesidad "y ser consciente de que había sido la conducta criminal de los miembros del Consistorio, entre ellos él mismo, la causante de dicha situación", dictó un decreto en el que exigía que los propietarios autorepararan los daños. Unos daños que han sido pericialmente tasados en 1,5 millones de euros.

Esa misma cuantía propone el fiscal para la indemnización de forma conjunta y solidaria a los vecinos por parte de los acusados.