El juicio previsto ayer contra los tres directivos de la empresa pública de limpieza, Algesa, que fueron detenidos con prendas y objetos falsificados que debían haber sido destruidos, quedó finalmente suspendido. Uno de los tres acusados ha presentado un recurso de reforma que cuestiona que la concejal María José Jiménez pueda personarse como acusación particular y el juez ha aplazado la vista hasta que resuelva la alegación.

Habrá que fijar por tanto un nuevo señalamiento para un caso en el que la Fiscalía pide un año y medio de prisión para cada uno de los acusados por un supuesto delito contra la propiedad industrial. Considera que se apropiaron de ropa falsificada tras simular su eliminación para comercializar con ella; alguna de las marcas perjudicadas por la actuación ya se ha personado en el caso.

Se sentarán en el banquillo M.L.L., gerente de Algesa; J.J.G.V., jefe de servicio; y J.M.C.M., jefe de taller. En su momento fueron apartados y despedidos, pero finalmente se reincorporaron a la empresa municipal y permanecen en ella.

Todo parte de abril de 2012, cuando la Aduana de Algeciras solicitó y aceptó un presupuesto de la empresa Transportes Toledo para la retirada, la limpieza y la posterior destrucción de mercancía intervenida en diversas actuaciones llevadas a cabo en el recinto aduanero de Tarifa. Transportes Toledo carecía de medios para la destrucción del material y contactó con Algesa para que se ocupara la empresa municipal.

La Fiscalía señala en su escrito de acusación que los imputados simularon que la mercancía había sido destruida, pero que en realidad no fue así y la prepararon para su posterior transporte con el fin de comercializar con ella, sin consentimiento de los titulares de las correspondientes marcas.