sucesos

Pasen sin llamar

  • Un operativo contra el narcotráfico entró por error hace casi un año en casa de una familia, que aún espera que un juzgado le abone los desperfectos

La puerta de la vivienda, arreglada de manera provisional, ayer.

La puerta de la vivienda, arreglada de manera provisional, ayer. / jorge del águila

El 4 de abril de 2017 la Guardia Civil y la Policía Nacional dieron un importante golpe al narcotráfico al detener a diez personas relacionadas con Abdellah El Haj, conocido como el Messi del hachís. Pero también ese día un grupo de agentes realizó una entrada y registro en un domicilio de Algeciras por equivocación. En el marco de la investigación se había localizado el domicilio de la madre de Abdellah, pero la intervención tuvo lugar en una vivienda situada justo al lado de la suya. La familia de Jesús Carlos, panadero de profesión, se despertó sobresaltada a las 8:30 tras la entrada de los policías en su casa. Después de que los agentes comprobaran su identidad, pidieron disculpas y se marcharon. El susto se quedó en el cuerpo y la puerta quedó destrozada. Y a día de hoy, casi diez meses después, el Juzgado de Instrucción número 24 de Pamplona, el que autorizó la entrada, sigue sin hacerse cargo de su reparación.

Jesús Carlos explica que en un primer momento se dirigió a la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en Algeciras para solicitar la reparación del destrozo. "Me dijeron que tenía que dirigirme al Juzgado que había autorizado la entrada, pero a día de hoy han hecho caso omiso", explica el afectado, que desde hace casi un año tiene la puerta en tenguerengue. "Está pegada con pegamento y tuve que rectificar la cerradura para que pudiera encajar. Con cualquier empujón la puerta se puede caer y no podemos irnos todos y dejar la casa sola".

La Policía Nacional y la Guardia Civil detuvieron ese día a una decena de personas

La Policía Nacional confirmó ayer a Europa Sur que efectivamente es el juzgado el que tiene que hacerse cargo de la reparación de la puerta, aunque el afectado lamenta que no le hacen caso. "Mi abogado se ha puesto varias veces en contacto con el juzgado de Pamplona, pero hacen caso omiso y no le han dado respuesta".

Los hechos tuvieron lugar el 4 de abril de 2017 sobre las 8:30 de la mañana. "Yo estaba recién acostado porque soy panadero y mi mujer y mis hijas estaban recién levantadas. Nos apuntaron con una pistola y nos sacaron de la casa sin darnos explicaciones. Entonces nos pidieron la documentación y cuando vieron que no éramos las personas que buscaban nos pidieron perdón varias veces. Pero ya nos habían destrozado la puerta y nos dieron un susto muy grande. Yo nunca he tenido nada que ver con este tipo de cosas", explica Jesús Carlos.

"Aquí nos dejaron el documento de entrada, del Juzgado de Instrucción número 24 de Pamplona, con el número de diligencias previas. Me dijeron que llamara allí y que nos lo iban a arreglar, pero hasta ahora no han hecho nada", indica el afectado.

En la fecha reseñada la Policía Nacional y la Guardia Civil asestaron un importante golpe al narcotráfico tras realizar registros en viviendas y varios establecimientos en diferentes puntos de Algeciras y Los Barrios. Los cuerpos policiales practicaron una decena de detenciones entre la barriada algecireña de Los Toreros, en Los Tinajones (Los Barrios) y en el paseo marítimo de Getares, en el que tuvo lugar un gran despliegue policial en torno al bar Shisha Beach, que fue registrado ya por la tarde.

Durante el operativo también fueron intervenidos instrumentos y efectos que se utilizan para del tráfico ilícito de drogas, como teléfonos móviles. En la operación participaron unidades centrales de la Policía Nacional, acompañados en el despliegue por otras unidades uniformadas de Prevención y Reacción (UPR) y de Intervención Policial (UIP) procedentes de Sevilla. La unidad de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil también formó parte activa del operativa desarrollado.

El operativo también intervino numerosa documentación para la investigación patrimonial para descubrir cómo se reconduce al mercado legal los beneficios obtenidos del tráfico ilícito.

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