El grupo municipal socialista ya recurrió la adjudicación de la ayuda a domicilio a la empresa ADL en el año 2012. Así lo recordó ayer su portavoz, Fernando Silva, quien acusó a las concejales delegadas del Partido Popular en Algeciras de Contratación, Eva Pajares, y de Bienestar Social, Paula Conesa, de mentir al asegurar que el PSOE no expresó su rechazo a la adjudicación". Silva reclamó ayer al alcalde, José Ignacio Landaluce, el cese de ambas concejalas por su actuación en este caso.

El grupo socialista manifestó sus dudas y registró sus preguntas sobre el procedimiento de la mesa de contratación "desde un principio", señaló Silva. En septiembre del mismo año 2012 el entonces portavoz Diego Sánchez Rull presentó un recurso de reposición a la hora de admitir la oferta de ADL, tal como se recogió en el acta de la mesa celebrada el 23 de mayo de 2012. Este recurso fue rechazado por el regidor.

En ese recurso los socialistas utilizan como argumento para oponerse que la empresa ADL pudo corregir su oferta en medio del proceso de contratación, cuando las plicas ya se habían abierto, después de que su primera propuesta no se ajustase al pliego. Precisamente el fallo por el que los tribunales condenaron al Ayuntamiento a anular el procedimiento y por el que el Consistorio tendrá que indemnizar ahora a la empresa que quedó segunda en el concurso.

A este respecto, Silva también aseguró que las concejales populares "mienten cuando afirman que hay que indemnizar con un 3% por lo que la empresa perdedora hubiera ingresado si hubiera disfrutado de la concesión, que se prolongó durante tres años, no dos". Silva apunta que la Ley establece ese porcentaje cuando es la concesionaria la que desiste de la concesión, pero no en un caso como este. "El gobierno local está señalado por las sentencias contrarias y será un juez quien establezca la cantidad, la duración de la concesión no disfrutada y los conceptos por los que habrá que calcular la indemnización final", aseguró. El PSOE la estima entre 240.000 y un millón de euros.

"El PP ha permitido a la empresa ADL muchas irregularidades, como por ejemplo que su avalista, contratado luego como conductor por la misma empresa, cobrara cerca de 4.000 euros brutos mensuales; o despidos improcedentes", recordó Fernando Silva. "Por su falta de transparencia, también limitaron la concesión de 2012 a dos años y uno más de prórroga para poder conceder el servicio por decreto del alcalde, como así hicieron, cuando este tipo de contratos de muchos cientos de miles de euros deben ser prolongados y así pasarlos por pleno", añadió.

"El PSOE en este tema está nervioso", aseguraba por su parte la concejal de Igualdad de Algeciras, Paula Conesa. "Las decisiones se toman avaladas por los técnicos municipales y es decisión de una mesa", aseguró la concejal, mientras que, apuntó, la socialista Ana Jarillo "llegó a manifestar que quería que ganase una mesa de contratación el señor Moya". "Que diga el señor Silva cómo hacían anteriormente las contrataciones, porque a lo mejor ellos estaban acostumbrados a presionar a los técnicos". concluyó la concejal.