El Ayuntamiento de Algeciras va a proponer al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de la ciudad dar cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre la anterior concesión del servicio de ayuda domiciliaria mediante una indemnización a la empresa Adisa, que quedó segunda en el concurso, con el tres por ciento del periodo en el que no pudo desarrollar su trabajo.El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 de Algeciras ha requerido la ejecución de su sentencia de 2014, ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 2016, por la que anulaba la concesión a ADL del servicio de Ayuda a Domicilio en 2012, y retrotraía el procedimiento a la apertura de oferta económica, momento en el que tenía que ser rechazada la oferta presentada por ADL. Esta propuesta ha sido abordada en la reunión de la Mesa de Contratación del Consistorio, cuyos integrantes han conocido el informe elaborado en este sentido por el secretario general, José Luis López Guío.

Sobre esta cuestión, la teniente de alcalde responsable de Igualdad y Bienestar Social, Paula Conesa, ha recordado que en el proceso de adjudicación de la concesión “nunca hubo un error. La decisión judicial de anularlo se centró en que no dio por válido uno de los trámites realizados, que no fue otro que pedir a la empresa una aclaración sobre una oferta”.

La edil ha mostrado su sorpresa por la actitud mantenida durante la reunión del representante del PSOE en la Mesa de Contratación, Fernando Silva “que ha sometido a los técnicos municipales a un interrogatorio, cuando ni él ni su partido pueden darnos lecciones de moral en lo que se refiere a contrataciones públicas, cuando aún sigue coleando, por ejemplo, la adjudicación del servicio de grúa”. “Ni el señor Silva ni su partido pueden olvidar que durante los años de mandato socialista en el Ayuntamiento, el servicio de ayuda domiciliaria era adjudicado a dedo siempre a la misma empresa, y que cuando llegamos al Gobierno municipal nos encontramos con un pliego de condiciones que adjudicaba el servicio durante doce años, y que daba más puntos de baremación a las ofertas que fuesen locales, algo absolutamente ilegal y que tuvimos que dejar sin efecto” recalca Conesa.

Precisamente era el grupo socialista el que alertaba ayer de la necesidad de indemnizar.  "La irregular gestión de las delegadas de Contratación y Bienestar Social va a suponer una cuantiosa cantidad de dinero que saldrá del bolsillo de los algecireños", aseguraba su portavoz, Fernando Silva.“Estamos ante un gasto para las arcas municipales que puede situarse entre los los 240000 euros y el millón de euros de indemnización que saldrá del bolsillo del ciudadano. Decidirá el Juzgado. Lo que sí está claro es que el Partido Popular puso todo su interés para adjudicar el servicio de ayuda a domicilio a una empresa determinada, cuya oferta económica incumplía el pliego de condiciones y pese a las advertencias que entonces hizo en ese sentido el Grupo Municipal Socialista”, afirma Silva.

“Exigimos responsabilidades políticas al alcalde y que depure responsabilidades a sus delegadas de Contratación y Bienestar Social, que propiciaron la adjudicación a una empresa determinada, cuya oferta no cumplía con el pliego de condiciones, y ahora nos vemos obligados a pagar un indemnización de cientos de miles de euros”, reclam.

Según recuerda el socialista, han sido muchas y variadas las denuncias contra ADL y el gobierno local del PP por incumplimientos del pliego de condiciones del servicio, que incluso llegó a conceder a la empresa una segunda adjudicación del servicio, que encareció y a la que luego renunció en favor de la segunda empresa que se presentó. "El alcalde del PP en Algeciras nunca llegó a esclarecer cómo era posible que la persona que avaló a la empresa ante el Ayuntamiento cobrara nóminas de 4.000 euros de la propia ADL como conductor o auxiliar", recuerda el PSOE. La entonces secretaria de Política Institucional de la Ejecutiva Local socialista, Isabel Beneroso, que denunció la situación, dudó sobre la legalidad de que un tercero, luego trabajador de la empresa, y no el propietario de ADL, fuera el avalista.

“El alcalde tiene que ponerse a trabajar y dar una respuesta inmediata ante el final de un proceso judicial contrario a los intereses económicos municipales, y que señala las responsabilidades políticas de dos destacadas miembros del gobierno del PP, sus delegadas de Contratación y responsable de la coordinación en Alcaldía, y la delegada de Bienestar Social. Su gestión en la concesión de forma irregular a la empresa ADL va a salir carísima para las arcas municipales. Por tanto, el PSOE va a actuar en consecuencia y una vez sea firme la sentencia y la indemnización acudirá a Fiscalía para que actúe contra las responsables de este atropello”, concluye el portavoz municipal socialista.